Justicia a discreción

El juez Baltasar Garzón decretó anoche prisión para los principales implicados en el entramado corrupto desarticulado en Cataluña, con ramificaciones en el PSC y CiU: el alcalde socialista de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y uno de sus cargos de confianza; los convergentes Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ambos ex altos cargos y hombres de confianza en la Generalitat del ex presidente Jordi Pujol; y el ex diputado autonómico Luis García, Luigi, expulsado años atrás por el PSC y considerado el cerebro de la red. Los nueve imputados, detenidos entre el martes y el miércoles por la Guardia Civil, fueron ayer conducidos, esposados, a la Audiencia Nacional.

Éstos son los hechos escuetos, pero tras ellos se dibujan algunos rasgos llamativos. Para empezar, la supuesta connivencia entre munícipes del PSC y destacados militantes de Convergència, cuya manifiesta rivalidad política no fue obstáculo para que urdieran, según el instructor, una trama diseñada para blanquear capitales y generar comisiones millonarias a cambio de turbias recalificaciones urbanísticas y adjudicaciones amañadas. Puede haber casos particulares, pero en principio cuesta imaginar que en el resto de España se sellen alianzas semejantes entre militantes de partidos en disputa por el poder, como el PSOE y el PP. Particularidad nada honrosa que revela la inconsistencia argumental de quienes pretenden asociar la corrupción a una u otra sigla. Menos paralelismos presenta la reacción ante este escándalo por parte de los partidos concernidos: mientras el PSC anunció la suspensión de militancia de sus ediles imputados, Convergència rehusó hacer lo propio con Prenafeta y Alavedra, alegando que ya no son dirigentes, cuando sí son militantes y este último, miembro del consejo asesor del partido.

La contundente actuación del juez también da pie a otros contrastes. Basta recordar que el PP recusó a Garzón por "socialista" cuando desató la operación Gürtel, y que luego Mariano Rajoy denunció que se dispensaba mejor trato a los ediles socialistas acusados de corrupción que a los cargos de su partido. Las imágenes del alcalde socialista de Santa Coloma, que con esposas llegó al juzgado y con ellas regresó a la cárcel de Soto del Real, desmienten el victimismo del PP.

Ha querido el azar que Garzón haya asestado un golpe a la corrupción en Cataluña cuando arreciaban las críticas al instructor del caso Palau, Juli Solaz, que rechazó dictar prisión preventiva para los encausados -estafadores confesos- con el argumento de que la ley no se lo permitía. Lo que prueba la conveniencia de que los jueces utilicen con prudencia el margen de discrecionalidad que la ley les reconoce, para que esta diversidad de actitudes no aumente el desconcierto y desconfianza con que la ciudadanía observa comportamientos tan dispares ante situaciones similares por parte de los encargados de administrar justicia.