El Tribunal de Cuentas ve una decena de ilegalidades en un proyecto en Bilbao

Hasta diez aumentos del presupuesto durante su construcción y 11 incumplimientos de la ley de contratos, como la falta de supervisión del proyecto, del informe jurídico, estudios de viabilidad, una fiscalización previa e, incluso, no tener cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Tribunal Vasco de Cuentas ha emitido uno de sus informes más contundentes en su auditoría sobre la ejecución del polideportivo municipal de La Peña, en Bilbao.

El Tribunal califica de "improvisación" la actuación municipal en este caso, que ha sido uno de los más polémicos en esta legislatura en el Ayuntamiento bilbaíno. "Su ejecución y puesta en funcionamiento han sido deficientes", señala el informe difundido ayer. Todas las anomalías supusieron, además, el encarecimiento del polideportivo en 675.000 euros, al pasar de los 3,7 millones adjudicados a los 4,4 que aparecen en la certificación final. Pero esta cantidad no es definitiva, al existir una reclamación del adjudicatario por 112.000 euros, y el informe constata que todavía no se ha realizado la liquidación final del contrato.

El Ayuntamiento atribuye al "celo" municipal los cambios realizados

El polideportivo, que funciona desde principios de 2007, se tramitó con un sinfín de irregularidades administrativas, según el Tribunal de Cuentas, que empezaron con la redacción del proyecto, que carece de informes jurídicos, una fiscalización previa y se hizo sin publicarse la adjudicación del contrato. Uno de los aspectos más llamativos es que al polideportivo se sumó, sobre la marcha y sin licitar el proyecto, un aparcamiento con 155 plazas, que incumplía además el plan urbanístico de Bilbao, señala la auditoría. Además, tras venderse sólo una quinta de las parcelas, el Ayuntamiento acuerdó la adquisición de 77 plazas, que obligaron al desembolso de otro millón de euros de las arcas municipales. "No consta informe o justificación económica alguna que soporte" la compra de esos garajes.

El informe del órgano fiscalizador es contundente: "El proyecto [del polideportivo y el aparcamiento] se ha visto afectado por la improvisación en su selección y alcance al carecer de la necesaria definición previa de las necesidades a sastisfacer. Estas circunstancias han propiciado que su ejecución y puesta en funcionamiento hayan sido deficiente".

En sus alegaciones, que no han modificado las conclusiones del informe final, el Ayuntamiento de Bilbao expone que las 10 modificaciones del presupuesto respondieron "al celo" de los responsables municipales. Asegura que había "razones de interés público" para incluir el aparcamiento bajo el polideportivo y considera legales la falta de trámites como los informes jurídicos o estudios de viabilidad.

La auditoría tiene tres votos particulares, los de los consejeros nombrados por el PNV (el partido que gobierna el Ayuntamiento de Bilbao), que piden la retirada del informe para su reelaboración. Aducen que el proyecto del polideportivo ya fue fiscalizado por el tribunal en el informe general del Ayuntamiento de Bilbao en 2004.

Los consejeros discrepantes explican que el interventor no puso reparos a los contratos de redacción de proyecto, que los diez modificados del contrato por 676.000 euros "estaban debidamente justificados" y que su cuantía, un aumento del 18% sobre la adjudicación, "no puede considerarse que desnaturalice el volumen económico". Sobre la adquisición de las 77 plazas del aparcamiento, aduce que "el pago del mismo no se realizó hasta transcurridos los dos años establecido en los pliegos de condiciones".