La mano de hierro de una liberal

Esperanza Aguirre necesitó dos asaltos para conquistar la Comunidad de Madrid. No perdió ninguno más para hacerse con el partido regional. Poco después de ser investida puso en marcha su maquinaria política para hacerse con el control de la agrupación autonómica, gestionada hasta entonces por Pío García-Escudero, que mantuvo al partido en calma.

En verano de 2004, Aguirre comenzó a lanzar globos sonda anunciando su intención de presentar su candidatura para presidir el partido. Un movimiento que alertó a los partidarios de Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde había implantado una tradición por la cual el presidente de la Comunidad se mantenía apartado del control de la formación política. Creía que se debían mantener separados los dos ámbitos. Por eso, apoyó durante 11 años a Pío García-Escudero para que lo gestionara y él se mantuvo al margen. Su estrategia también servía para no soliviantar a los partidarios de José María Aznar y Rodrigo Rato, que eran mayoría en Madrid. Era un gesto de integración. El anuncio de Aguirre acababa con esa breve tradición y provocó una reacción en las filas del alcalde.

García-Escudero fue reclamado por Mariano Rajoy para controlar el PP en el Senado. Con este encargo, y ante la virulencia del conflicto, se apartó a un lado. Tras su renuncia y la confirmación de la candidatura de Aguirre, el vicealcalde Manuel Cobo presentó batalla. Contaba con el apoyo de Gallardón y con la voluntad de alcanzar un pacto si fuera necesario. Quería la secretaría general, el cargo que permitía controlar todas las agrupaciones. Durante días se sucedieron las reuniones para intentar lograr un acuerdo. Pero Aguirre no cedió ni un milímetro. Cobo tuvo que retirar su candidatura porque no logró los avales suficientes.

Finalmente, el 27 de noviembre de 2004 Aguirre fue nombrada presidenta del PP regional en un congreso en el que Gallardón y Cobo fueron "derrotados, pero no vencidos", como se definió entonces el alcalde. Desde entonces dirige el partido con mano firme. Extendió su poder y su influencia. Los aznaristas y ratistas se convirtieron en aguirristas. La presidenta controla cada detalle a través del secretario general, Francisco Granados. Ella tiene el poder en Madrid.

Los sindicatos (UGT, CC OO y CGT) denuncian desde hace cinco años la "censura y la vulneración del derecho fundamental a la información en Telemadrid". Las críticas nacen cuando Esperanza Aguirre desembarca en la Comunidad de Madrid. Una de sus primeras decisiones consiste en nombrar a su ex jefe de prensa, Manuel Soriano, como director general de la cadena pública madrileña. Desde entonces las acusaciones de utilización partidista de la televisión y los casos de ocultación de la información se han multiplicado.

Uno de los episodios más rancios en la cadena se produjo tras el primer aniversario del 11-M. La televisión madrileña emitió un documental sobre este dramático atentado. Días antes, Manuel Soriano envió un paquete a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Iba dirigido al Gabinete de Esperanza Aguirre. "Creo que ha quedado muy bien cinematográficamente e ideológicamente...", se leía en la tarjeta que acompañaba un DVD con el documental.

Desde entonces se han sucedido las acusaciones por parte de sindicatos y oposición (PSOE e IU). Se han suprimido unos 200 empleos en la cadena. Las críticas están sustentadas por más de 19 huelgas. Y tres apagones totales en la cadena pública. Nunca antes una televisión regional se había ido a negro.

Un episodio más reciente tuvo lugar el pasado 27 de marzo. Esperanza Aguirre fue abucheada durante la presentación de la Noche de los Teatros. Un cámara de Telemadrid grabó las imágenes en las que la presidenta regional era fuertemente criticada. Todos los medios se hicieron eco de las protestas públicas, excepto el ente público. La dirección de informativos considera que no tenía relevancia. "Hay redacciones paralelas, profesionales relegados y gente que trabaja al dictado", se quejan varios trabajadores de la televisión pública madrileña. La cadena ha retransmitido íntegramente las manifestaciones convocadas en Madrid contra la ley del aborto, el matrimonio homosexual o el Gobierno socialista.

Una encuesta realizada por este periódico revelaba que la mitad de los votantes populares considera que Telemadrid es partidista. Casi el 80% de los votantes del PSOE considera que es parcial.

En julio de 2006 la Cámara de Comercio, el órgano que reúne a toda la patronal madrileña, la sede del poder económico regional, debía renovar su directiva. Aguirre se había consolidado como presidenta de la Comunidad de Madrid. Controlaba el PP en la región y había extendido su influencia.

Las elecciones en la Cámara de Comercio, el instrumento político de los empresarios, le brindaba a Aguirre una posibilidad inmejorable para reforzar su hegemonía. La presidencia de los patronos estaba ocupada por Fernando Fernández Tapias, el naviero próximo a Alberto Ruiz-Gallardón. Aguirre quería a alguien de su confianza al frente de la patronal. El vicepresidente regional, Ignacio González, controló el proceso electoral para colocar a Gerardo Díaz Ferrán al frente de la Cámara. Y sumó a dos afines en la junta electoral.

El candidato de Gallardón, Fernández Tapias, amagó con presentarse, pero finalmente se retiró. Cuatro años antes había derrotado a la candidatura auspiciada por Rodrigo Rato y ya acumulaba demasiados enemigos.

El público y firme apoyo de Aguirre y González a Díaz Ferrán resultó decisivo para que se alzase con la presidencia de la Cámara. De este modo, la presidenta regional lograba un doble objetivo: asestar un duro golpe a su principal rival y controlar el sector empresarial madrileño justo un año antes de las elecciones de 2007. Poco después Díaz Ferrán dejó la presidencia de la Cámara tras ser nombrado presidente de la CEOE, la patronal estatal. Dejó el cargo a Salvador Santos Campano, un fiel escudero.

Ifema es uno de los motores económicos de la región. Aporta un 1% a la riqueza de Madrid. Y eso es mucho dinero y mucho poder. Aguirre preparó su asalto a la institución ferial hace un par de años. El vicepresidente Ignacio González diseñó en otoño de 2007 un complejo plan para hacerse con el control de la institución ferial. El objetivo era colocar a Luis Eduardo Cortés como presidente del comité ejecutivo. Aunque Cortés había sido consejero de Obras Públicas con Gallardón, en los últimos años se había aproximado al entorno de Aguirre.

El alambicado plan de González contemplaba dos estrategias. Por un lado, crear un nuevo cargo en el Consejo de Administración, que ocuparía Cortés. Pero para ello iba a necesitar el apoyo de Caja Madrid o del Ayuntamiento. El otro plan era más factible. Consistía en convencer a la Cámara de Comercio para que cediese su representación en Ifema al hombre de Aguirre. Los empresarios hicieron públicas las presiones recibidas desde el Gobierno regional. Denunciaron el intervencionismo y amenazaron con una rebelión. Pero Salvador Santos Campano, presidente de la Cámara, convocó una reunión extraoficial para lanzar un órdago: o se aprobaba la cesión del cargo en Ifema o dimitía y se perdía el apoyo del Gobierno regional, con lo que eso suponía. La situación era compleja porque la presidencia ejecutiva de Ifema ya estaba ocupada por Gerardo Díaz Ferrán. Pocas semanas despúes, Cortés, ex directivo de la empresa que construía la ampliación del recinto ferial, ocupaba la presidencia de Ifema. Y con él Aguirre aumentaba su poder.

Durante las semanas previas al congreso del PP en Valencia, en junio de 2008, varios altos cargos populares madrileños fueron espiados. Entre ellos, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. Todos eran críticos con Esperanza Aguirre, quien amagaba con presentarse como rival a Mariano Rajoy. El asunto se hizo público en febrero de 2009, cuando lo publicó este periódico.

Todos los indicios señalaban a la Consejería de Interior del Gobierno regional de Madrid como punto de partida de los espionajes y seguimientos. La dirección nacional del PP ordenó, inmediatamente, una investigación, que apenas arrancó. Aguirre prometió que el asunto se investigaría en la Asamblea de Madrid. Durante menos de 20 días una comisión, controlada por el grupo popular, se dedicó a interrogar a varias personas con responsabilidades en Interior. Pero evitó entrar en los seguimientos. Se cerró en falso entre las quejas de la oposición.

Un informe policial revela que tres ex guardias civiles, fichados como asesores de Seguridad por el consejero Francisco Granados, fueron los autores de los partes de seguimientos. A raíz de este informe una juez ha imputado a estos tres agentes. También está imputado en el caso el ex director general de Seguridad Sergio Gamón, persona que, según la investigación, ordenó los seguimientos. Tras una rocambolesca historia de espionajes por el robo de un ordenador en la consejería que dirigía Prada, Gamón fue expulsado de la consejería. Aguirre lo volvió a contratar como asesor de seguridad bajo su tutela.

- Vinieron a por Pío [García Escudero, ex presidente del PP-Madrid], y yo no hablé porque no era de Pío; vinieron a por la tele y yo no hablé porque no era de la tele; vinieron a por la Cámara y yo no hablé porque no era de la Cámara; vinieron a por Ifema y yo no hablé porque no era de Ifema; vinieron a por la Caja y yo no hablé porque no era de la Caja; vinieron a por Rajoy y yo no hablé porque no era de Rajoy; vinieron a por el PP y yo no hablé porque no era del PP... Vinieron a por España.

- Intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada.