Frente somalí

Abdu Willy, uno de los dos piratas somalíes detenidos por el secuestro del atunero Alakrana, ha regresado a la Audiencia Nacional tras dos días de periplo por el Tribunal de Menores y otras instituciones ante las dudas acerca de su edad. Tras un primer informe pericial en el que se estimaba que el pirata no había cumplido los 18 años, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, ordenó su liberación. Pero un nuevo informe ha determinado, sin embargo, que Abdu Willy es mayor de edad y, por tanto, debe quedar a disposición de la Audiencia para responder de los delitos de asociación ilícita, robo con violencia y uso de armas, además de la detención ilegal de los 36 marineros del pesquero español.

La exigencia de los piratas que retienen el Alakrana requiriendo la liberación de sus dos cómplices detenidos en España ha llevado a desconfiar de estos vaivenes en la instrucción de la causa. No es momento de especulaciones inspiradas en forzadas analogías entre el caso del Alakrana y el chantaje terrorista para reclamar firmeza; ni es aceptable, por otro lado, que se dejen de lado los procedimientos del Estado de derecho. El Gobierno y los tribunales deben contar con un absoluto respaldo mientras la vida de los 36 tripulantes del atunero siga en peligro, puesto que los únicos responsables de esta situación son quienes la han creado. Al mismo tiempo, y como poderes de un Estado que se enfrenta a un complejo desafío exterior, el Gobierno y los tribunales están obligados a cooperar.

Las dificultades que presenta el secuestro del Alakrana demuestran que el fenómeno de la piratería frente a las costas de Somalia no es sólo un problema de seguridad, que se resolvería con un mayor despliegue de fuerza en la zona. Por muchos que fueran los medios militares desplegados, nunca serían suficientes para garantizar que los buques españoles pudieran faenar sin correr peligro. A la espera de que el secuestro se resuelva sin daño alguno para los 36 marineros, lo primero que cabe ofrecer a las autoridades encargadas de resolverlo es tiempo. Una vez que se produzca el desenlace será el momento de evaluar qué se hizo y qué se dejó de hacer. Porque abrir un frente interno, sea político o institucional, puede ser un inmejorable instrumento para desgastar al Gobierno o hacer escarnio de la justicia, pero no contribuirá, sino todo lo contrario, a liberar a los marineros.