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La juez encarcela al empresario que tejió la red que expolió El Ejido

La magistrada envía a prisión al hijo y a dos yernos de José Amate

José Amate Rueda, ex directivo de la empresa mixta de servicios municipales Elsur ingresó ayer en la prisión almeriense de El Acebuche por orden de la juez Montserrat Peña, que instruye el caso Poniente contra la corrupción municipal en El Ejido. No fue el único miembro de la familia que pasó la noche en prisión: la magistrada ordenó encarcelar a su hijo, Alberto Amate, y a sus yernos Álvaro Peridia y Manuel Castro. Las hijas eludirán la prisión previo pago de una fianza de 50.000 euros. La única que pudo salir en libertad fue la esposa de Amate, aunque no podrá salir de España.

Todo el clan de Amate comparte los mismos cargos: blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Por su presunta implicación en la misma trama se encuentra detenido el alcalde de la localidad Juan Enciso, cuya declaración ante la magistrada está prevista para hoy.

El PP denunció que Amate se autofacturó obras por 21 millones
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Amate creó un entramado de sociedades a las que, según una denuncia del PP, adjudicó obras por valor de 21 millones de euros entre los años 2003 y 2005. Amate, que se jubiló anticipadamente del Elsur en diciembre de 2006, se perfila como una figura clave en el expolio de El Ejido.

Las "autocontrataciones de subcontratas" que supuestamente realizó cuando era director de producción de Elsur, empresa participada en un 30% por el Ayuntamiento y en un 70% por Agua y Gestión, una filial de Abengoa, se encuentran consignadas en una denuncia que realizó el PP en abril de 2007. Precisamente, entre 2003 y 2005, los populares gobernaban en El Ejido con Enciso como alcalde.

Las adjudicaciones de obras, por otra parte prohibidas por el decreto de constitución de Elsur, continuaron después de la salida de Amate del organigrama a través de sus empresas Maviroad y Arborimar. Fuentes municipales elevan a 30 millones de euros la cantidad total que fue a parar a las sociedades de Amate hasta 2008.

La denuncia del PP es coherente con el aviso anónimo que realizó un empleado de Elsur en febrero de 2007 y que remitió a la Inspección de Hacienda. Este comunicante avisó de que ocho empresas de Amate "sólo trabajan para Elsur (...) Amate dispone cómo se hacen las cuentas de sus empresas y luego autoriza las facturas desde Elsur".

El anónimo informó de que "las subcontratas de Amate se facturan entre ellas" y que pagó la boda de su hija Irene en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de Elsur como congresos de jardinería. También relató cómo se presentaban facturas hinchadas, como una empresa de pinturas que facturó el triple de la cantidad necesaria para una obra.

La denuncia también describe despilfarros cómo que "la construcción de dos pasos de peatones sobre una calzada cueste más de 24.000 euros". Elsur certificó facturas de 2.100 euros por reparar una baldosa o 570 euros por instalar una bombilla. Supuestamente el sobrecoste se ingresaba en las empresas de Amate.

Las irregularidades en El Ejido no se limitaban a las facturas. Tanto Izquierda Unida como el PP denunciaron en la Fiscalía almeriense cómo Enciso celebró en junio de 2005 un convenio urbanístico con la sociedad Gestora Ejidense, en la que está representada como persona física la mujer del alcalde, Francisca Aguilera, y como persona jurídica una empresa cuyos dueños son evidentes: Enciso y Aguilera SL.

El regidor no sólo celebró el convenio, que suponía cambiar la programación urbanística de una parcela propiedad de Gestora Ejidense, sino que no se ausentó de la votación de la Junta de Gobierno Local. Este movimiento urbanístico quedó recogido en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

En el ámbito judicial, ayer la juez Peña no sólo interrogó a la familia Amate. Dejó en libertad con cargos de blanqueo, falsedad documental y malversación de fondos públicos a la mujer del empresario Juan Antonio Galán, María Gema de la Peña. La hija de ambos, Yolanda Galán de la Peña, deberá aportar una fianza de 50.000 euros para no ir a prisión por las mismas imputaciones.

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