El socialista Astudillo estará también al frente de la comisión del 'caso Glass'

El juntero socialista Julio Astudillo, quien ya presidió la comisión que investigó el fraude de la Hacienda de Irún, estará también al frente del grupo de trabajo de las Juntas de Guipúzcoa que analizará las eventuales responsabilidades políticas del caso Glass-Bravo. Con el asentimiento de todos los grupos de la Cámara provincial, Astudillo fue designado ayer presidente de la comisión encargada de determinar si hubo culpables políticos en el fraude fiscal cometido por una empresa catalana, que compromete al ex director de la Hacienda guipuzcoana Víctor Bravo.

El juntero socialista indicó tras tomar posesión de su cargo que procurará que el consenso presida todos los acuerdos que se adopten en la comisión y que actuará con "escrupulosidad" y "rigor". La comisión de investigación del caso Glass-Bravo, constituida formalmente ayer, acordó citar para el próximo 2 de noviembre al diputado de Hacienda, Pello González, y al director del departamento, Pedro Mari Ruiz de Azua, para que den cuenta de los hechos denunciados por la fiscalía y aporten documentación sobre el caso.

El ministerio fiscal denunció en julio pasado a Víctor Bravo y a otras cinco personas por facilitar que la inmobiliaria catalana Glass Costa Este Salou eludiese el pago de 2,1 millones de euros a la Hacienda estatal instalando su domicilio fiscal en San Sebastián, cuando la empresa no realiza ninguna actividad en Guipúzcoa.

Seis acusados

Por estos hechos, el fiscal acusa a Bravo, ex senador del PNV, de cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La misma acusación pesa sobre Rufino Eizaguirre, jefe del gabinete del ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri. También figuran como imputados Arantza Arbelaitz, esposa de Bravo; Jesús Jiménez Oruna, ex jefe del servicio del Impuesto de Sociedades y actual directivo de Cialt Asesores; el dueño de Glass Costa Este Salou, Fernando González Enfedaque, y su esposa, Yolanda Zuinaga.

La comisión tiene seis meses de plazo para elaborar sus conclusiones. También tiene el mandato de realizar una auditoría a los cuatro ex cargos forales implicados en la causa penal.