Los planes de 52 pueblos prevén pisos para 2 millones de habitantes

La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han frenado en seco el desarrollo de muchos planes de actuación integrada (PAI) y han dejado otros a medias. La fiebre por enladrillar el territorio, sin embargo, no ha desaparecido de los ayuntamientos, que mantienen la intención de ocupar millones de metros cuadrados a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Así lo muestra un estudio de la Universitat de València que analiza la previsión de crecimiento de los planes de ordenación urbana (PGOU) de decenas de municipios que han iniciado la tramitación para renovar su planeamiento en los últimos cuatro años. Los conciertos previos al PGOU o los propios planes ya aprobados por 52 municipios dan cuenta de que el ansia urbanizadora se mantiene. Al menos sobre el papel, ya que de ejecutarse los proyectos, estas poblaciones ganarían entre todas cerca de dos millones de nuevos residentes. La Comunidad Valenciana tiene actualmente cinco millones de habitantes.

Los nuevos PGOU aún no han sido aprobados por la Generalitat, que tiene la última palabra, pero los datos evidencian que "muchos municipios están haciendo sus planes urbanísticos como si el territorio lo pudiera aguantar todo y la demanda residencial no tuviera límites", apunta el autor del estudio, el catedrático de Geografía Humana y ex cargo socialista Eugenio Burriel.

Entre la cincuentena de localidades sobre las que hay datos "completos y fiables", destacan casos como el de Almoradí, con unos 18.000 vecinos y una expansión prevista en el concierto previo aprobado en 2008 que multiplica por más de ocho su población; o Cabanes, cuyos macroproyectos y plan general multiplican por 15 el suelo residencial, por 30 el número de viviendas y por nada menos que 52 los habitantes (casi 150.000 nuevos residentes potenciales).

En total, los 52 pueblos pretenden incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir del orden de 718.000 nuevas viviendas para dos millones de habitantes potenciales. Es decir, que el terreno construido lo multiplicarían por 3,7, el número de viviendas por 3,1 y los habitantes por 5,1. Las localidades planifican su futuro sin tener en cuenta la oferta residencial del vecino y sin que exista una visión supramunicipal del territorio.El despropósito se hace aún más evidente si se analizan las propuestas en una zona concreta, en este caso las de siete municipios del litoral de La Plana Baixa. En la franja costera entre Almenara y Burriana hay previstas 102.000 nuevas viviendas para 290.000 residentes, en una zona que ahora no llega a los 65.000 habitantes. También se incluyen nueve campos de golf. Entre la autopista A-7 y la costa prácticamente sólo queda libre en los planos lo que ha protegido el catálogo de zonas húmedas, afirma el estudio.

Estos desarrollos se plasman, además, tras una década de crecimiento desaforado. La Comunidad Valenciana es la tercera en número de viviendas y en pisos por cada mil habitantes iniciados entre 1997 y 2006. En sólo diez años se construyeron 713.214 viviendas, con una media anual de 16,6 pisos por habitante, señala el estudio, que concreta: "El incremento fue continuo cada año. Se pasó de 24.260 viviendas en 1996 a casi 100.000 en 2006, con lo cual se multiplicó por cuatro la actividad constructiva, un 50% más que la media española".

Un "tsunami urbanizador" que parece sólo la "punta del iceberg" si se compara con la previsión de construir casi el mismo número de nuevas viviendas concentradas en tan solo 52 municipios, como reflejan los documentos analizados.

En ese contexto, el artículo Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano, publicado en el último número de la revista universitaria Documents d'Anàlisi Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona), critica la "desmesura de la oferta residencial pretendida", a la que no pone límites la Generalitat. Burriel alerta del grave impacto sobre el territorio y especialmente de la ausencia de planes de acción territorial o directrices de la consejería competente que fijen un marco de desarrollo.

La falta de modelo provoca que la planificación esté en manos de los municipios, que estiman sus crecimientos sin tener en cuenta lo que hace el vecino. "Nadie parece haber hecho la suma de las propuestas municipales ni haber reflexionado sobre su insostenibilidad", destaca el informe. Los PGOU que se están diseñando, además, supondrán una dura hipoteca para los municipios. "Estas propuestas municipales no se molestan en justificar con un mínimo de rigor la dimensión de la oferta de suelo y viviendas", y los planes se elaboran desde "una lógica meramente local" en la que los municipios han competido entre ellos por no quedarse al margen de lo que consideran una apuesta por la prosperidad. "Aquí quien no apoya un PAI está muerto", afirmó un concejal de un municipio castellonense incluso el año pasado en plena crisis.

A juicio de Burriel, estos planes locales generarán "ineludiblemente un crecimiento territorial desordenado, un mosaico de urbanizaciones dispersas e inconexas", ya que la mayoría no prevé un desarrollo "secuenciado riguroso". Con una demanda escasa a corto y medio plazo, y una oferta de suelo gigantesca, "las pocas unidades de ejecución que se desarrollen se van a localizar de modo disperso en el territorio", opina el autor del estudio. Aunque muchos planes no se ejecuten ahora por la crisis, una vez que la expansión está sobre el papel, se generan expectativas e intereses que luego son difíciles de rebajar o corregir, como ha demostrado recientemente el caso de la localidad de Parcent, donde el actual Ayuntamiento ha batallado desde que sustituyó al PP en 2007 por que se retiraran tres planes que suponían quintuplicar la población.

"La fijación del cuánto del desarrollo urbanístico no se puede seguir haciendo exclusivamente desde la escala local" y "las comunidades autónomas han de ejercer decididamente sus competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, si desean asegurar un urbanismo sostenible", concluye el artículo.