Visibilidad de la reforma

Cuando se pusieron en marcha los procesos de reforma de los estatutos de autonomía a comienzos de la pasada legislatura, se reiteró hasta la saciedad por quienes estaban en contra de dichos procesos de reforma que no existía una demanda social en ese sentido y que se trataba, en consecuencia, de una operación exclusivamente política, en el sentido menos noble que pueda dársele a este término, es decir, una operación puramente partidista, que respondía a intereses particulares y no a intereses generales. ¿En dónde está la demanda social para la reforma estatutaria? La pregunta, como digo, se reiteró hasta la saciedad. Incluso después de aprobada la reforma estatutaria andaluza por unanimidad en la fase final de su tramitación en las Cortes Generales, se siguió haciendo uso del argumento para explicar la escasa participación en el referéndum de ratificación del texto reformado, desconociéndose de manera malintencionada que el referéndum de ratificación previsto en el artículo 151 de la Constitución es un mero acto de trámite cuando se ha producido un acuerdo pleno entre el Parlamento de la Comunidad Autónoma que elabora el proyecto y las Cortes Generales que tienen que aprobarlo tras la negociación correspondiente, como había ocurrido en el caso de la reforma andaluza.

Afortunadamente, el tiempo, como casi siempre suele ocurrir, está poniendo las cosas en su sitio y está permitiendo hacer visible a los ciudadanos la importancia de la reforma estatutaria y el acierto, en consecuencia, que tuvieron quienes decidieron ponerla en marcha. El programa legislativo del Gobierno de la Junta de Andalucía, tanto cuando Manuel Chaves era presidente como ahora con José Antonio Griñán al frente del mismo, está permitiendo hacer visible la importancia de la reforma estatutaria para los ciudadanos.

El pasado miércoles hemos tenido el último botón de muestra con la presentación en sociedad del proyecto sobre el Guadalquivir. Los lectores recordarán que éste fue uno de los caballos de batalla de la reforma y que fueron numerosas las resistencias a que se produjera la transferencia a la comunidad autónoma de Andalucía la competencia sobre el Guadalquivir. Resistencias que todavía perviven, ya que hay un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta previsión estatutaria por parte del Gobierno de la comunidad autónoma de Extremadura. Hubo que pelear, con argumentos, como se pelea en democracia, pero hubo que pelear y mucho para conseguir que el Guadalquivir fuera reconocido como un río andaluz en el marco de la distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma.

La reivindicación de esa competencia obligaba al Gobierno de la Junta de Andalucía a ejercerla de una manera distinta a como se había venido ejerciendo por el Estado. Hubiera sido inaceptable que se hubiera peleado por tener la competencia en Andalucía para continuar después haciendo lo mismo que venía haciendo el Estado. En esto, como en todas las demás competencias que se han incluido en el estatuto reformado.

Porque de esto es de lo que se trata en el ejercicio del derecho a la autonomía. ¿Por qué no se ha hecho nunca un plan para el Guadalquivir como el que se presentó el pasado miércoles? La respuesta al interrogante se impone por sí misma. Cuando se inició la construcción del Estado Autonómico intuíamos, pero no sabíamos, en qué podía consistir el ejercicio del derecho a la autonomía. Cuando se inició el proceso de reforma del Estatuto, sí lo sabíamos. No lo sabíamos todos por igual. Muchos ciudadanos podían no ser conscientes siquiera de que lo sabían. Para eso está la política y existen los gobiernos.