Poder público, fines privados

Un aspecto llamativo del caso Gürtel es que personas adultas y con experiencia política se pusieran en manos de una cuadrilla de facinerosos, asumiendo una fuerte dependencia de ellos. Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza de la trama en Valencia, le dijo a Garzón que su organización llevaba "el día a día del partido", montándole "actos casi a diario: mítines, ruedas de prensa, presentaciones...". Si esas actividades, las propias de cualquier partido, las organizaba una entidad externa, ¿qué hacían los dirigentes, asesores y demás personal a sueldo del partido? La dependencia llega al extremo de que el secretario general, Costa, le pida a El Bigotes que interceda ante el presidente Camps para que le meta en su Gobierno; y el propio Camps recurre a esa mediación para que le consiga una foto con Obama.

Si todo se encarga fuera, ¿qué hacen los dirigentes y asesores a sueldo del partido?

El político vocacional y altruista pasó a la historia, pero el político profesional clásico, que pone su conocimiento y experiencia al servicio del partido, también se ha pasado de moda: ahora su trabajo consiste en encargar trabajos a otros. Los informes encomendados por el Gobierno catalán a asesores externos, muchos de ellos ligados a los partidos que lo forman, han suscitado una emoción limitada en esa comunidad y apenas ha trascendido fuera de ella. Sin embargo, esa forma de canalizar dinero público hacia bolsillos privados o del partido recuerda al montaje de los informes ficticios de Filesa, que tanto escándalo suscitaron a comienzos de los noventa.

Seguramente, no todos los informes son tan esotéricos como algunos de los que la prensa ha citado desde que se destapó el asunto (y que los miembros del Govern se resisten a hacer públicos, sin duda porque les da vergüenza que se conozcan). En primavera se supo que los había sobre temas como el cultivo de la chufa, el murciélago Nana o la almeja brillante; o uno que respondía a la petición de "argumentos para el fomento del juguete no sexista": alguien estaba a favor de ese tipo de juguetes, pero necesitaba ayuda para saber por qué. Otros que se han conocido este otoño son igual de absurdos, como el destinado a conocer la opinión que los niños tienen de la consejera de Sanidad o la que los columnistas de la prensa catalana tienen de los partidos del tripartito de Montilla.

En 2007, ese Gobierno encargó 2.967 informes externos, con un coste de 32 millones de euros. De una muestra de 300 analizados por una empresa auditora, 49 fueron considerados superfluos: directamente inútiles o que podían haber sido realizados por personal a sueldo del Gobierno. Esos 49 informes costaron 729.000 euros. Extrapolando la cifra en relación con los casi 3.000 encargados sale un coste (o sea, un dispendio) de siete millones de euros.

Una ironía del destino ha querido que uno de los informes, que versaba sobre "buenas prácticas en el sector cultural", fuera encargado (por 11.600 euros) al secretario de la Fundació Orfeó Català, recientemente destituido por el caso Millet: la estafa de guante blanco por un importe de 20 millones de euros, una parte de los cuales fue canalizada hacia una asociación ligada a CiU, a modo de blindaje público de la corrupción particular. Con el añadido de que la entidad saqueada recibió en los últimos diez años fuertes subvenciones del Ministerio de Cultura (25 millones de euros), la Generalitat (6,7 millones) y el Ayuntamiento de Barcelona (4,3 millones).

Cuando la economía iba viento en popa, no había mucha presión para que las instituciones subvencionadas rindieran cuentas de la utilización de los dineros públicos. Está por ver si seguirá siendo así con cuatro millones de parados, y si los escándalos de corrupción tienen repercusiones electorales. Algún sondeo reciente (Público, 12-10-09) indica que el PP sí pierde votos (por la corrupción), pero menos que el PSOE (por la crisis). Esto puede deberse a que a quien gobierna se le considera responsable en alguna medida de no haber impedido la corrupción; pero también a que la irritación que provoca el desempleo masivo favorece el trasvase de votos del partido gobernante al de la oposición, mientras que la corrupción más bien favorece la abstención.

El descrédito de los partidos es otro factor que la crisis ha potenciado. Existe el riesgo de que ese descrédito aliente a su vez el surgimiento de movimientos populistas o antisistema, de insumisión fiscal o de impugnación de la democracia. Hay algún síntoma de esto, pero la propia crisis puede ser una ocasión para que los partidos se reformen internamente, adoptando métodos de funcionamiento más austeros (como la crisis del petróleo de los años setenta sirvió para modificar algunos usos del consumo energético) y comprometiéndose a rendir cuentas del dinero que reciben y administran.

Un experto en la materia propuso hace años esta ecuación para definir la propensión a la corrupción: monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad en la decisión, menos obligación de rendir cuentas. No es casual que la corrupción tienda a florecer en los periodos o territorios en que la oposición está muy debilitada frente a Gobiernos con mayoría absoluta. El poder ciega y el poder absoluto ciega absolutamente.