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COLUMNA

La privatizacion de la sanidad: ¿Quién gana y quién pierde?

Hace 10 años que el PP inició el proceso de privatizar el sistema sanitario en la Comunidad Valenciana; empezó con el hospital de Alzira y su ámbito de influencia en atención primaria, para continuar con Torrevieja, Dénia, Manises y Elche-Crevillent, en total el 20% de la población de la Comunidad Valenciana. Durante los meses de mayo y junio de 2009, el PSPV-PSOE ha visitado los departamentos sanitarios, incluidos los privatizados, reuniéndose con los gerentes y juntas de personal de los hospitales obteniendo la siguiente información:

El hospital de Dénia tiene 280 camas, dos por cada mil habitantes, muy inferior al deseable (3,5). El área de urgencias estaba saturada con esperas que superaban las 12 horas. La empresa adjudicataria, Ribera Salud, aduciendo que el precio de construcción había sido mayor del previsto, no asumió el compromiso previo de reformar del hospital antiguo, debiendo hacerse cargo de ello la Consejería de Sanidad por casi tres millones de euros. A todo esto hay que añadir la escasez de profesionales por el traslado voluntario a otros departamentos sanitarios dadas las condiciones de trabajo que imponía la adjudicataria.

La alternativa al modelo del PP pasa por reformar el sistema y arreglar lo que ha estropeado

En el hospital de Alzira se calcula que faltan al menos 260 trabajadores para estar en ratios comparables a otros hospitales de igual dimensión; los profesionales trabajan 200 horas más al año y tienen un salario 15 % menor que los de la red pública, con cuatro euros menos por hora de guardia. Durante los cuatro últimos años ha habido una fuga de profesionales, 100 (40 del área de urgencias). El hospital está saturado con 400 enfermos ingresados y sólo dispone de 240 habitaciones individuales. El volumen de enfermos atendidos de otros departamentos oscila entre el 20% y 25 %, y para disminuir la lista de espera practican la fórmula de cerrar las agendas, que significa que aunque usted llame no le atienden.

Al recién inaugurado hospital de Manises la Consejería de Sanidad, para hacer rentable la inversión, ha tenido que asignarle un número mayor de población con lo cual la cuenta de resultados se ampliará en 22 millones de euros. Intercambian millones por población sin tener en cuenta los intereses de ésta, en este caso Mislata. Mandan los intereses económicos de la empresa y la consejería se pliega a ellos.

Si el objetivo de PP con la privatización del sistema sanitario era mejorar las prestaciones sanitarias a los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los profesionales, es una realidad, a la vista de esos datos, que no lo está consiguiendo, entonces cabe preguntarnos a quién beneficia el modelo, a quién perjudica y qué alternativa tiene.

Los hospitales con modelo de gestión tipo Alzira se empezaron a construir bajo las propuestas neoliberales de reducir el papel del Estado como garante de la salud de todos los ciudadanos para introducir el mercado en la asistencia sanitaria, para así poder acceder al 20% del PIB que los gobiernos europeos dedican a la sanidad y educación. Esta propuesta contó con grupos de presión muy poderosos: financieros, multinacionales de la asistencia socio-sanitaria, industria farmacéutica, aseguradoras sanitarias y empresas constructoras. En la Comunidad Valenciana, cada uno de los departamentos privatizados ha sido asignado a una aseguradora Alzira-Adeslas; Dénia-DKV, Manises-Sanitas, Torrevieja-Asisa y Elche-Crevillent-Asisa, el grupo financiero ha sido siempre el mismo, Ribera Salud. Todos estos grupos de presión, apoyados por el Gobierno de turno, en este caso el PP, utilizan el mismo argumentario para defender la privatización de la sanidad: reduce los tiempos de construcción de hospitales, evita demoras en la disponibilidad de los nuevos hospitales, garantiza la entrega de la obra en el tiempo estipulado, evita desviaciones presupuestarias en la construcción y equipamiento ya que el presupuesto es cerrado, el sector privado tiene más habilidad en la dirección de proyectos, es más innovador y especializado.

Sin embargo, la realidad es muy otra. Sin hacer referencia a otras experiencias en el Reino Unido, en la Comunidad Valenciana, ya las tenemos. El hospital de Alzira tuvo que ser financiado por la Generalitat, a fondo perdido, por el concepto de lucro cesante con 34 millones de euros, y en el de Dénia la promotora no puede hacer frente a los compromisos contraídos de reforma del antiguo hospital, es decir, una cosa es el envoltorio y otra el contenido.

Con todo esto y suponiéndole buena voluntad al Gobierno de Camps hay que hacerse tres preguntas: ¿quién gana?, ¿quién pierde?, ¿hay alternativa?

Gana: a corto plazo, los gobiernos pueden construir hospitales sin que estas inversiones figuren como endeudamiento. Trasladan gasto de capital en gasto corriente, hipotecan el futuro. Construyen un hospital, o varios, en poco tiempo, obtienen rentabilidad electoral y que paguen los que vienen detrás. A largo plazo, los consorcios empresariales que amplían su cartera y reducen los riesgos de inversión. Los propietarios de acciones de renta variable.

Pierde: el sistema sanitario público, precios elevados (el pago a estas empresas puede suponer el 40% del presupuesto sanitario), se altera la capacidad de planificación, los servicios de Atención Primaria, domiciliaria y servicios socio-sanitarios, las hipotecas de estos hospitales devoran el sistema. Los usuarios y ciudadanos: reducción de camas hospitalarias, entre los cuatro hospitales privados construidos no llegan a las mil camas, reducción de plantillas, generan lista de espera porque les renta más atender enfermos de otros departamentos, selección de riesgos, los enfermos más costosos de asistir (geriatría, oncología, infección VIH, trasplantes, etc.,) son derivados al sector publico.

Los profesionales también pierden: reducción de plantillas, menos salario y sobre todo, selección de personal de acuerdo con normas sin los principios de igualdad de oportunidades.

La alternativa a este modelo pasa por reformar el sistema sanitario público, pero en primer lugar arreglar lo que el PP ha estropeado; los hospitales privados deben estar bajo el control de la Administración Pública, que es quien paga; se debe garantizar estabilidad laboral, futuro profesional, igualdad de salario con el sistema sanitario público y el número de profesionales debe ser comparable al resto de los hospitales públicos. A los ciudadanos de cada departamento se les debe garantizar la prioridad de asistencia y sólo cuando no existan listas de espera se deben atender enfermos de otros departamentos y las condiciones de hostelería deben ser las que figuran en el contrato y no las que les interesan a las empresas. En definitiva, una sanidad para los ciudadanos donde los profesionales sean reconocidos, respetados y actores principales de la reforma.

José Mayans Ferrer es secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de octubre de 2009