Los municipios que derrochen agua perderán la gestión del servicio

La directiva de aguas de la Unión Europea establece que en el año 2011 las fugas en las redes de distribución deben limitarse al 15%, algo difícil de cumplir en Andalucía, con unas pérdidas medias del 30% y donde se desaprovecha el 20% del agua de todo el país. Sin embargo, la Ley de Aguas de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de septiembre y que entrará en vigor a principios del próximo año, prevé una ofensiva contra los municipios que derrochen agua. La ley deja la puerta abierta a que un ayuntamiento u otro ente supramunicipal pierdan la gestión del servicio de abastecimiento en caso de fugas elevadas y también cuando haya riesgo para la salud de las personas o para el medio ambiente.

Aunque deberá ser un reglamento posterior el que determine el rendimiento mínimo que tendrán que acreditar las conducciones municipales, la Ley de Aguas sí que recoge ya un amplio capítulo de sanciones para quienes malgasten agua de forma irresponsable. Lo más relevante es la facultad que otorga a la Agencia Andaluza del Agua para asumir, de forma subsidiaria, la competencia en la distribución y depuración de aguas "cuando de la prestación del servicio se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada la normativa ambiental con grave riesgo para el medio ambiente", según se recoge en el artículo 34 de la norma.

Esta situación se mantendrá hasta que cese la infracción y la Agencia del Agua podrá repercutir sobre los entes locales los costes de inversión, mantenimiento y explotación de los servicios, incluso podrán compensarse con cargo a los créditos por transferencias que tuvieran reconocidos los ayuntamientos.

Pero, además, los municipios que sean sancionados tampoco podrán tener derecho a las ayudas públicas para el mantenimiento y la modernización de las redes de canalización. Y otra cuestión no menos relevante: la Junta podrá limitar temporalmente los incrementos de suelo urbanizable en tanto no se subsanen las deficiencias en el rendimiento del abastecimiento.

La ley contempla que la asunción por la Agencia del Agua de los servicios se producirá a requerimiento de la Consejería de Salud, que es a quién corresponde la declaración de alerta sanitaria. "La Junta tendrá la facultad de retirar la competencia municipal cuando quede demostrado que hay un derroche de agua", sostiene José Castro, delegado de Medio Ambiente en Jaén. En esta provincia se produjo este verano un caso que reúne todos los elementos necesarios para la asunción del servicio por parte de la Junta. Se trata del municipio de Jódar, donde la Junta decretó durante varios días la no potabilidad del agua porque en las analíticas realizadas se detectó que contenían una sustancia, denominada alquil éter sulfato sódico, que la actual legislación no permite para el consumo humano. Junto a esto, la Junta alertó que casi el 70% del agua que sale de los depósitos municipales se pierde por el mal estado de las tuberías.

La nueva norma prevé que sea el Observatorio Andaluz del Agua el que fije los criterios técnicos y la metodología para la cuantificación de las pérdidas en redes urbanas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que toman como referencia indicadores de 2006, Andalucía perdió ese año, por fugas, roturas, averías, errores de medida y fraudes, 146 hectómetros cúbicos, el 30% del agua distribuida y el 18,60% de todas las fugas en España. Con esa cantidad se podría abastecerse durante todo un año a un millón y medio de habitantes.