La Xunta denuncia ilegalidades en 336 puestos creados por Quintana

Una emienda a la totalidad de las contrataciones de la Vicepresidencia de Anxo Quintana en el Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar durante la legislatura pasada. Roberto Rodríguez, el gerente que la actual Consellería de Traballo ha puesto al frente de este organismo público, cuestionó ayer la legalidad de las bases de la convocatoria de empleo para 336 plazas programada por el bipartito entre enero y febrero -justo antes de las elecciones- y que ahora promete revisar basándose en un informe de la Dirección Xeral de Función Pública.

Para ello deberá contar con el dictamen favorable del Consello Consultivo, un trámite que podría demorar el proceso tres meses más. Si este órgano le da la razón, la Xunta promete sentarse con los sindicatos y "redactar unas nuevas bases que se ajusten a los requisitos legales", puesto que la oferta pública de empleo seguiría vigente.

Una auditoría contable para cuadrar las cuentas del Consorcio

La nueva dirección del Consorcio reveló algo más: que el 25% de las contrataciones efectuadas en el ente durante el mandato del bipartito, 240 en total, son fraudulentas, según un informe de la Inspección de Trabajo.

El gerente citó cuatro actas abiertas por el ministerio, una en cada provincia, que reconocen el "fraude" cometido por la anterior Administración al recurrir a la fórmula de contrato por obra para dotar de personal a las guarderías. "Son necesidades estructurales" y no de coyuntura o eventualidad, explicó Rodríguez, quien, de todos modos, admitió que su departamento no tiene otra alternativa que reconocer "el carácter indefinido, no fijo" de esas contrataciones y mantener a ese personal en sus puestos.

Toda esta información la detalló Rodríguez en una entrevista concedida a Europa Press que luego la Consellería de Traballo e Benestar difundió a todos los medios de comunicación. Con esas conclusiones que el Gobierno gallego se resistió a presentar públicamente en un acto abierto a toda la prensa, el gerente del Consorcio abogó por "reinventar" este organismo y acabar "con los problemas derivados de la falta de rigor y transparencia del anterior modelo que no es válido".

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar revisará las bases del proceso selectivo para contratar a 336 personas a través de unas pruebas que se programaron entre enero y febrero de este año, con las elecciones ya convocadas, y que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo paralizó nada más aterrizar en la Xunta.

La decisión del nuevo Gobierno anunciada ayer toma como base una auditoría realizada por la Dirección xeral de Función Pública que "alerta de que las bases" diseñadas por el gabinete de Anxo Quintana en el Ejecutivo anterior, "podrían incurrir en nulidad" y vulnerar la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Para seguir adelante con la revisión de las normas del concurso oposición el Gobierno precisa de la aprobación del Consello Consultivo que debe emitir un informe vinculante "que marcará la decisión que se adopte sobre los procesos selectivos abiertos". El preceptivo dictamen guiará la actuación del Ejecutivo que buscará el concurso de los sindicatos para redactar unas bases nuevas, si como sospecha la consellería de Traballo, el Consultivo concluye también que las actuales vulneran la ley.

El responsable del Consorcio citó entre las causas del problema heredado el baremo "desproporcionado" que se utilizó en las pruebas para evaluar la experiencia laboral de quienes optan a hacerse con una plaza. Así, la convocatoria de empleo valoraba con 0,9 puntos cada mes de trabajo previo en el Consorcio pero esa puntuación caía hasta 0,1 puntos si esas labores se desempeñaban en otras administraciones públicas. Además, según el actual responsable de este organismo público, los cursos desarrollados en el Consorcio contaban cinco veces más que los impartidos por el resto de instituciones.

Según la consellería de Benestar, esas puntuaciones "podrían vulnerar los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad consagrados en la Constitución".

Por eso pretende revisar de oficio las bases, lo que no equivale a impugnar la oferta pública de empleo que seguiría vigente, si bien la nueva dirección del Consorcio espera que con otro sistema de acceso.

El responsable del Consorcio también se quejó de la situación contable de este organismo y lamentó que, a su llegada, las partidas destinadas a escuelas infantiles apenas cubrían "la quinta parte del gasto presupuestado para el primer mes".

Cifró en cuatro millones de euros el déficit que arrastraba este organismo y avanzó que en la actualidad se está realizando una auditoría contable y patrimonial para determinar "con mayor certeza" el estado de las cuentas.

Rodríguez comprometió que no habrá recortes en el gasto social y anunció la apertura de nueve escuelas infantiles en 2010. El BNG ha denunciado que seis de ellas las dejó listas el bipartito y criticó que Benestar no las abriese en este inicio de curso.