Quejas de la oposición por las trabas para examinar los contratos

La oposición lleva meses quejándose de las trabas que le pone el Gobierno regional para examinar los contratos relacionados con el caso Gürtel. Pero ayer se rizó el rizo. La diputada de IU Reyes Montiel, que tiene pendiente recibir información del Gobierno regional sobre 183 expedientes relacionados con la trama de Francisco Correa, solicitados entre el pasado 5 de marzo y el 9 de junio, recibió la notificación de que debía acudir a cinco consejerías diferentes para examinar ocho de ellos. En un caso -un contrato de 1,2 millones de Marketing Quality Management, una empresa de la trama, con el Instituto Madrileño de Desarrollo- le indicaron que debía acudir al municipio de Daganzo. "Cuando llamo a los números de contacto para pedir cita o no hay nadie o es un fax", se quejó Montiel.

También la diputada socialista Livia Castillo denunció que se le había denegado el acceso a la Consejería de Vicepresidencia, donde tenía cita para ver los expedientes relacionados con los contratos que el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, tiene con Constructora Hispánica, SL, y Sufi, SA, vinculadas con la trama.

Por otra parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, afirmó ayer que "diputados que han metido la mano en la caja no pueden seguir cobrando su sueldo de dinero público", en referencia a los tres imputados en el Gürtel, Alfonso Bosch, Benjamín Martín y Alberto López Viejo.