Gürtel en Galicia
Hace tiempo que sabíamos que las ramificaciones del caso Gürtel habían llegado a Galicia, aunque solo fuese de forma colateral, porque se daba la coincidencia de que Pablo Crespo, catalogado como el número dos de la red tejida por Francisco Correa, había sido secretario de Organización del PP gallego de 1996 a 1999. Pero ahora el hecho de que las últimas investigaciones policiales apunten a una trama de financiación ilegal en toda regla del PP valenciano, unido a una carta de El Bigotes a Rajoy para reclamar una deuda por servicios prestados en Galicia en las elecciones municipales de 1999, ha permitido al PSdeG y al BNG dirigir su artillería hacia una posible financiación ilegal del PPdeG, aderezada con la permanencia de Crespo como vocal en el consejo de administración de Portos de Galicia hasta 2005 y con una presunta vinculación de los actuales presidentes provinciales de este partido en A Coruña y Pontevedra.
Los partidos sólo se han preocupado por la corrupción cuando tocaba a sus expectativas electorales
Por su parte, el presidente Feijóo, haciendo gala una vez más de su gran olfato político (por encima, desde luego, de su olfato jurídico, puesto en entredicho en los últimos días con la perla de que "es irresponsable que una menor decida sobre el derecho de los embriones"), ha estado diligente en su respuesta, reclamando a Francisco Camps que aclare las conexiones del PP valenciano con el caso Gürtel y aprovechando para pedir una ley que "clarifique y transparente" la financiación de los partidos, con el fin de "apuntalar la democracia" y "dejar de agachar la cabeza".
Aunque ante esta auténtica declaración de principios cabría oponer la evidencia histórica de que los partidos sólo han dado muestras de estar preocupados por la corrupción cuando ésta podía afectar a sus expectativas electorales, no hay que echar en saco roto que se vuelva a poner sobre la mesa la vieja aspiración de redactar una ley de financiación de partidos políticos, que permita sostener adecuadamente sus gastos de funcionamiento y que, consecuentemente, evite caer en la tentación de su financiación ilegal a través de la contratación pública y del urbanismo. Y, por supuesto, que evite también las tentaciones individuales tanto de los recaudadores encargados de dirigir las finanzas de los partidos como de los gobernantes que con su capacidad de decisión política han sido los artífices del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, materializado en las ingentes plusvalías obtenidas.
Ahora bien, confiemos en que este loable deseo del presidente Feijóo no sea un ingrediente más de la denominada estrategia del calamar, que ya ha empezado a utilizarse en el caso Gürtel, con el fin de que la tinta arrojada encubra o difumine las graves responsabilidades jurídico-penales que se imputan a los intervinientes en la trama: desde falsedades documentales a defraudaciones tributarias, pasando por blanqueo de bienes y cohechos de variada índole, en el que esperemos que el Tribunal Supremo incluya el ya famoso cohecho pasivo impropio (que lleva camino de rebautizarse como "cohecho Camps" o "cohecho De la Rúa"), dado que el archivo propuesto por el Tribunal Superior de Valencia se basa en una disparatada interpretación que contradice la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y que no encuentra respaldo alguno en la literatura penal.
No obstante, en Galicia los primeros indicios parecen apuntar asimismo a la actividad del citado molusco cefalópodo, puesto que el PPdeG ha contraatacado insinuando que en la actualidad también hay financiación ilegal en los restantes partidos, invocando en especial (sin más pruebas) un informe del Consello de Contas, que se acaba de hacer público, en el que se refleja que el BNG había confiado el 74% de su presupuesto para las elecciones del pasado 1 de marzo a un grupo empresarial que previamente había recibido desde consellerías controladas por los nacionalistas 78 contratos valorados en 1,1 millones de euros.
Y tampoco puede ser casualidad la campaña emprendida contra el actual líder del PSdeG por presunto impago de tasas municipales, orquestada con la presencia física intimidatoria de unas nuevas generaciones de cobradores del frac. Obviamente, todos los ciudadanos estamos interesados en saber si los responsables de los partidos cumplen sus propias obligaciones fiscales, pero, aun en el caso de que la citada acusación fuese verdadera, ello nada tiene que ver con financiación ilegal, con tramas de corrupción o con actividades delictivas.
