Sarkozy se sumerge en la deuda
Los presupuestos del Gobierno francés rebajan los impuestos para las empresas
La salida de la crisis es el objetivo número uno del gabinete de Nicolas Sarkozy. Y casi el único. En estos tiempos inciertos, poco más puede intentar con una deuda pública que superará este año el 77% del PIB y un déficit del 8,2% del PIB (141.000 millones de euros) que rebasa los criterios de Maastricht (3%). El presidente de la República tiene asumido que terminará su mandato en 2012 sin haber disfrutado de un margen de maniobra presupuestaria. Pero el pasado miércoles, el mismo día que se presentó su proyecto de Ley de Finanzas (los presupuestos generales del Estado francés) para 2010, recordó que los miembros del G-20 coincidieron en que los Estados no podían dejar de sostener el crecimiento. Ese objetivo, con la prioridad en la creación de empleo y el incremento de la demanda, lo ha hecho suyo Sarkozy y es la clave de unos presupuestos que, en los tiempos que corren, contienen unas medidas que se pueden calificar, cuando menos, de audaces.
Francia destina 1.000 millones de euros al día en financiar su déficit
El Estado encara la mayor deuda de su historia. Llegará al 90% del PIB en 2012
La estrategia principal, y la más polémica, se resume en que las empresas paguen menos impuestos para aumentar la competitividad y generar empleo; mientras, el Estado mantiene el gasto para que no se sequen, incluso crezcan, los brotes verdes que ya se ven en Francia. ¿Pero quién paga la cuenta? De momento, y por unos años, ese dinero se debe. Los presupuestos prevén que para el año próximo la deuda ascenderá al 84% del PIB, una cifra nada recomendable a pesar de estar por debajo del 86%, que es la media europea, como argumenta el Gobierno de Sarkozy.
El capítulo de gastos para 2010 ha crecido justo lo mismo que la inflación (1,2%) y contempla 15.000 millones de euros para impulsar la economía, pero las arcas públicas adelgazarán no ya sólo por la caída de ingresos derivada de la crisis (la recaudación fiscal ha decrecido en 53.000 millones de euros de 2008 a 2009), sino que estarán además sacrificadas a una de las medidas más polémicas de estos presupuestos: una bajada de impuestos que está cuantificada en 14.200 millones de euros, dirigida fundamentalmente a las empresas.
La principal herramienta para inyectar este balón de oxígeno a los empresarios será la eliminación de la "tasa profesional", un impuesto que recaudan las corporaciones locales y que cuesta cada año a las industrias francesas 11.700 millones de euros. Esta medida se unirá a otras ya emprendidas en años anteriores, como el "escudo fiscal", también aprobado por Sarkozy, que establece que el Estado no puede reclamar a un contribuyente una cantidad que supere el 50% de sus ingresos.
Otra de las novedades impositivas para el año próximo es la "tasa carbono", un gravamen indirecto sobre los carburantes que carga el consumo de energía, excepto la eléctrica (en Francia, una gran parte es de origen nuclear). Los 17 euros de impuesto por tonelada de CO2 emitida carecen, según los más críticos, de un efecto disuasorio eficaz contra el consumo, que es lo que se supone que pretende esta "ecotasa", y sin embargo grava a los consumidores con un impuesto nuevo. Esto, en unos tiempos de ayudas a los empresarios y a la banca, es difícil de explicar. Para suavizar este efecto, los presupuestos de 2010 prevén una compensación fiscal que consistirá en un reembolso por familia por los gastos derivados del consumo energético siempre que no sobrepasen los parámetros considerados sostenibles.
Pero, al margen de polémicas sobre la filosofía política que orienta estas y otras novedades fiscales, lo que ha llevado las manos a la cabeza de la mayoría de los expertos es el saldo final de las cuentas: el Estado francés se ha embarcado en la mayor deuda pública de su historia, que llegará en 2012 al 90% del PIB. "El Gobierno ha elaborado unos presupuestos con los que se pretende sostener el crecimiento económico a costa de abandonar el control del déficit público", dice en su editorial del pasado jueves el diario económico Les Echos. "Con los niveles de deuda que hay actualmente, el Estado está obligado a una actuación económica más a la defensiva que a la ofensiva", sentencia.
También el que fuera primer ministro (y ministro de Presupuestos) y ahora diputado del Partido Socialista francés (PS) Laurent Fabius calificó en ese periódico los presupuestos de "irresponsables". "En la actualidad, Francia destina 1.000 millones de euros al día a financiar su déficit", dijo, "(...) puede que se produzca una recuperación económica técnica, pero ese déficit es una trampa: los tipos de interés pueden subir, y eso añadiría una carga mayor aún a esa gran deuda".
En cualquier caso, y aunque los tipos de interés se mantuvieran, el endeudamiento de Francia alcanzará a finales de año el 8,2%, y para 2010 se prevé que llegue al 8,5%, una cifra que casi triplica las exigencias del Tratado de Maastricht.
El Gobierno, eso sí, está siendo moderado en su previsión de crecimiento para el año próximo, que ha situado en un discreto 0,75%. Pero aunque se cumplan las mejores previsiones, con un crecimiento anual del 2,5% desde 2011 hasta 2013, Francia seguirá rebasando los criterios del tratado europeo.
Ésas serán las cuentas que encontrará en su despacho del Elíseo quien suceda a Nicolas Sarkozy en la presidencia de la República, dentro de tres años. Probablemente, él mismo.
34.000 funcionarios menos
El Gobierno francés prevé adelgazar el gasto de personal eliminando 34.000 puestos de funcionarios para el año que viene por el sistema del "2×1": por cada dos jubilaciones, sólo se cubrirá una plaza. Es la fórmula elegida por el gabinete del presidente, Nicolas Sarkozy, para llevar a cabo su empeño de equilibrista: adelgazar el Estado a la vez que se combate la destrucción de empleo, que este año terminará, según las previsiones, con 580.000 parados más. Uno de los ministerios más castigados será el de Educación, que acabará el año que viene con 16.000 funcionarios menos. El de Defensa perderá 8.230 puestos, e Interior, en torno a 3.500. Todos los ministerios verán reducida su plantilla y, por tanto, sus gastos de personal, excepto dos intocables: Enseñanza Superior, que se va a quedar igual, y Justicia, que será reforzado con más de 1.000 empleos.
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