El Raval exige que otros barrios acojan centros para marginados

El barrio del Raval de Barcelona tiene cinco servicios de atención a toxicómanos, cinco para jóvenes en riesgo de exclusión, cuatro más destinados a mujeres en riesgo de exclusión, tres para personas sin recursos, tres para familias en riesgo de exclusión, dos para sin techo y uno para prostitutas. En total, 23. Muchos para un territorio pequeño y una concentración que provoca efecto llamada para el resto de la población vulnerable. Ante esa realidad, recogida en un informe sobre el presente y el futuro de esa zona, Ciutat Vella reclama "políticas de equilibrio". Es decir, que otros distritos y barrios asuman más centros de ese tipo para evitar la presión sobre el Raval.

Los conflictos y el deterioro del espacio público del centro de la ciudad -con el auge de la prostitución callejera y el retorno de toxicómanos pinchándose en algunas calles- provocaron todo tipo de intercambios dialécticos en el pleno de ayer. No se tomó ningún tipo de decisión. El alcalde, Jordi Hereu, apenas intervino en una cuestión importante para la ciudad y fueron las concejales Itziar González, de Ciutat Vella, y Assumpta Escarp, de Seguridad, quienes llevaron la voz cantante para defender la gestión municipal.

El Partido Popular intentó, sin apoyos, forzar una modificación de la ordenanza del civismo porque "no sirve", en palabras de Alberto Fernández Díaz. "Sirve, lo que pasa es que se tiene que aplicar de forma decidida porque falta voluntad", afirmó Xavier Trias (CiU). El líder nacionalista acusó al equipo de gobierno de "esconder la cabeza bajo el ala". Iniciativa per Catalunya (ICV), socia de Hereu, reiteró su postura, contraria a la ordenanza del civismo, lo que dio pie a que Jordi Portabella (ERC) subrayara que el problema es la "tensión que genera en el equipo de gobierno el cumplimiento de la ordenanza. Así la autoridad municipal no es creíble". Es como poner al lobo a cuidar las ovejas, resumió.

Con relación al cierre del restaurante Klein del edificio Fórum, cuya construcción costó al Consistorio cerca de tres millones de euros, el gobierno municipal dijo, en respuesta a una pregunta de CiU, que el 70% de la facturación de los dos años y medio de funcionamiento fue por servicios al propio Consistorio.