El Ayuntamiento amenaza con reducir servicios si no logra más financiación

Si la financiación estatal sigue menguando, habrá recorte de servicios públicos en el Ayuntamiento de Madrid. Es la amenaza que ayer puso sobre la mesa el concejal de Hacienda, Juan Bravo, durante el pleno del Ayuntamiento. "El Estado nos anunció ayer a los ayuntamientos que las aportaciones se van a reducir en un 20%", afirmó el edil durante su intervención, que cifró esa cantidad en 3.000 millones menos. "Tendremos que repensar si continuamos prestando determinados servicios", agregó.

Con este anuncio, el responsable de Hacienda logró desviar la atención del asunto que trataba el pleno: la liquidación de la cuenta general de 2008. Un año que, según el concejal socialista Pablo García Rojo, es el "ejercicio paradigmático de la quiebra presupuestaria" municipal. La deuda del Ayuntamiento asciende ya a 7.000 millones de euros.

Pero fue el edil de IU, Daniel Álvarez, el que dio pie a hablar de los servicios municipales. Lo hizo al reprochar a Bravo que mantenga la misma gestión de gastos y servicios. "Están priorizando cuestiones que no son competencia municipal, como la internacionalización de Madrid o el turismo", afirmó. También recordó que la privatización de servicios aumenta el gasto. "Y si el sistema no funciona, tendremos que hacer otro", puntualizó.

Pero Bravo, en su turno, optó por desviar la culpa al Gobierno central, aprovechando que se está negociando la financiación local. Y replicó que peligran los servicios que son competencia de otras administraciones.explicó en el pleno que, el día anterior, la Comisión Nacional de Régimen Local anunció a los ayuntamientos "que las aportaciones se van a reducir en un 20% menos de recursos". Son, puntualizó, 3.000 millones de euros menos. Bravo incluye en esa cantidad la reducción por entregas a cuenta del Gobierno central y lo que dejará de percibir el Ayuntamiento por la caída general de ingresos fiscales.

En una conversación posterior en los pasillos de la Casa de la Villa, Bravo consideró que "no es razonable" que las comunidades autónomas vayan a repartirse unos 11 millones de euros procedentes del Ejecutivo central, mientras éste recorta su aportación a los municipios.

Por eso, agregó, va a analizar en las próximas semanas los servicios, que sin ser de su competencia -"escuelas infantiles, escuelas de música o la cooperación al desarrollo", citó-, "son prescindibles o se pueden suspender" y eso quedará reflejado en los presupuestos municipales de 2010. Bravo dijo que, en la situación actual, los municipios no podrán cerrar sus cuentas hasta saber cómo han quedado los Presupuestos Generales del Estado tras su debate en el Congreso.

También insinuó en el pleno que eso podría llevar a "reducciones de plantilla" en los ayuntamientos. Ya fuera, aseguró que no ocurrirá con el personal contratado directamente por el Ayuntamiento, pero que sí puede afectar a los empleados contratados por las empresas que gestionan servicios municipales. "No vamos a acometer ampliaciones de plantilla municipal y ya tenemos congelada las ofertas de empleo público", recordó. "Pero si reducimos las prestaciones de un contrato de gestión de servicios, esa empresa tendrá que reducir plantilla".

Por eso, el concejal de Hacienda explicó que los ayuntamientos han pedido al Gobierno que en 2010 parte del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) no esté condicionado a la inversión en obra pública para fomentar el empleo en la construcción. Eso les permitiría, dijo, dedicar parte de los fondos recibidos a servicios públicos y evitar la pérdida de puestos de trabajo.

El otro anuncio de Bravo fue una propuesta que llevará al próximo pleno y que pretende instar al Gobierno central a que modifique el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que cobran los ayuntamientos. Eso permitiría bonificar a los coches que contaminan menos y gravar más a los que emiten más polución. El concejal recordó que ésta es una vieja petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que el Ejecutivo central contestó que lo haría al reformar la Ley de Haciendas Locales. Bravo quiere que se recupere la idea ahora que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado una tasa verde para hacer pagar la emisión de contaminantes. Y modificar el impuesto en la Ley de Energía Sostenible.

Y el pleno del Ayuntamiento de Madrid se acordó ayer del recientemente fallecido Joaquín Ruiz-Giménez, a quien se decidió dedicar una calle. No hubo disenso, fue por unanimidad.