Camps se enroca con un Gobierno desestabilizado y un PP dividido

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optó ayer por enrocarse con un gobierno desestabilizado y un PP dividido frente a las denuncias de una supuesta financiación ilegal del partido en Valencia vinculada al caso Gürtel. El argumentario aprobado por Camps y transmitido a los cargos populares consistió en negar el contenido del informe policial y recurrir, de nuevo, a la teoría de la conspiración. La tesis la resumió el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino: "La realidad es que se está creando un estado policial contra el PP dirigido por Rubalcaba".

Pese al escándalo, el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, conversó ayer telefónicamente con el presidente valenciano y decidió respaldar la estrategia de Camps. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, rubricó la decisión de Rajoy al insistir en que la contabilidad de Valencia está "toda en regla".

Sin embargo, el desgaste por los escándalos del caso Gürtel empieza a hacer mella en el PP valenciano. Distintos cargos del partido se mostraron ayer sumamente inquietos con la pasividad de Camps y defendieron, en privado, la necesidad de tomar medidas "extraordinarias" tanto en el partido como en el Gobierno. Otros, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se desmarcaron de una posible financiación irregular y negaron cualquier relación con Orange Market y El Bigotes.

El presidente valenciano, que ha decidido hacer oídos sordos a estas demandas, tuvo que salir en defensa del secretario general del PP, Ricardo Costa, cuya dimisión le empiezan a reclamar en el seno del partido. "El secretario general ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho", afirmó Camps, que decidió avalar en un acto vespertino en Sagunto la comparecencia de Costa para replicar a las acusaciones de supuesta financiación ilegal.

Camps teme que un relevo en la cúpula de la dirección regional del PP sea interpretado como un signo de debilidad que pueda ser aprovechado por los zaplanistas para desestabilizarlo. De hecho, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, manifestó ayer que si se demostrara la supuesta financiación irregular sería "un hecho muy grave y habría que tomar medidas".

Pero si las brechas empiezan a aflorar entre los populares valencianos, la debilidad del Gobierno valenciano -remodelado por Camps hace apenas tres semanas- parece evidente.

La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, tuvo que salir en defensa de la "honorabilidad" del vicepresidente primero, Vicente Rambla, que aparece mencionado en las grabaciones de las conversaciones de El Bigotes con su jefe Pablo Crespo y con Ricardo Costa. En esas cintas, Álvaro Pérez se queja a Costa de que Rambla no le paga.

El vicepresidente primero, que eludió comparecer, emitió un comunicado para tachar de "falsas y ridículas" las conclusiones del informe policial que lo vinculan con la supuesta financiación irregular. Fuentes del PP reconocieron, además, el malestar de Rambla con Costa, que en sus conversaciones con El Bigotes llega a referirse a él como "hijo de puta".

En el PP se da por hecho que el escándalo ha tocado ya al presidente valenciano y a dos de sus tres vicepresidentes: el primero Vicente Rambla y el tercero, Juan Cotino. En este último caso, el informe policial relaciona el grupo empresarial Sedesa, que dirige su sobrino Vicente Cotino, con supuestos pagos para financiar al PP.

Éstos no son los únicos damnificados de las conversaciones grabadas al responsable de Orange Market. Álvaro Pérez alude también al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, y al presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, persona muy vinculada a la consejera de Turismo, Belén Juste, que fue directora general de la institución ferial donde Orange Market realizó actos para el PP y prestó distintos servicios.

La implicación en el escándalo deja también tocado al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, ya que el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, y la tesorera, Yolanda García, tienen acta de diputados igual que Costa, Rambla, Cotino y el propio Camps.