Medio Ambiente cede para pactar la ley de Aguas

El anteproyecto de la futura ley de Aguas, que será aprobado por el Gobierno andaluz el martes próximo, ha registrado cambios significativos. La Consejería de Medio Ambiente ha asumido la mayor parte de las observaciones del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Económico y Social. Además, ha cedido ante Asaja y ha modificado la redacción de los artículos más polémicos. Eso ha supuesto que la patronal agraria, que hace apenas medio mes amenazó con llevar a los tribunales la norma por considerar la "inconstitucional", valorase ayer la "voluntad negociadora" de la consejería y su "flexibilidad" para lograr el máximo acuerdo.

Asaja se congratuló por haber alcanzado un principio de acuerdo sobre nueve de los 12 artículos que rechazaban. Varios de ellos habían sido también objeto de reproche por parte del Consejo Consultivo. Ése es el caso, por ejemplo, del artículo 48, donde el borrador de la ley decía que para la adquisición de derechos de agua no se requeriría la condición de usuario (el que tiene una concesión). El Consultivo advirtió que ese artículo era contrario a la Ley estatal de Aguas y, por tanto, nuevamente será necesaria la condición de usuario. Aunque pueda parecer que este cambio perjudica los intereses de otros sectores productivos que aspiran a contar con concesiones, Medio Ambiente garantiza que podrá haber transferencias de derechos a través del Banco de Agua.

La patronal agraria mantiene su rechazo a tres artículos

Las negociaciones han sido especialmente duras en relación al artículo 24, que regula el orden de prelación de los usos del agua. Medio Ambiente quería primar los usos industriales de los sectores que más riqueza generen aunque fuera en detrimento de los usos agrícolas (que ahora se llevan más del 80%), y así seguirá siendo pero con el compromiso de que un reglamento establecerá los criterios para establecer el reparto del agua y que no sea potestad del funcionario de turno.

Asaja ha encontrado también flexibilidad de la Junta en el artículo que regula el plazo de las concesiones, el 46.4. La intención de la Administración era limitar su duración a 20 años, que es el plazo de todas las que se están dando en los últimos años, y no los 75 que figura en la ley estatal. Al final, se ha logrado un acuerdo para que el plazo sea de 20 años o bien "el tiempo que sea necesaria para la viabilidad de la obra", algo que contenta a Asaja. Además, tanto el sector agrario como el de abastecimientos tendrán preferencia en la renovación o prórroga de las concesiones. También se ha desbloqueado el artículo 51 que regula las aguas privadas o subterráneas. Para los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos no hará falta una autorización administrativa y bastará con una simple comunicación. Sí que hará falta autorización cuando se trate de acuíferos sobreexplotados.

En cambio, Asaja mantiene el rechazo a tres artículos que espera puedan ser enmendados en el Parlamento. Se trata, por un lado, de su negativa a que se aplique un canon para las aguas subterráneas por considerar que no gozan de protección administrativa. Proponen, a cambio, una tasa por servicios en sustitución del canon fijo. De otro lado, se cuestiona el artículo 25.4 relativo a la estrecha relación entre aguas subterráneas y superficiales, algo que Asaja cree que carece de argumentación científica.

Finalmente, hay discrepancias en el régimen sancionador de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental al entender que agrava las sanciones respecto del régimen disciplinario hoy vigente en materia hidráulica.