Aguirre recurre el decreto que permite a Cataluña dar permisos a inmigrantes

La reforma de la Ley de Extranjería ha abierto en el Ejecutivo una brecha sobre la que ha comenzado a golpear el PP. Se trata de la facultad que el texto concede a algunas comunidades autónomas para expedir las autorizaciones iniciales de trabajo a los inmigrantes. Esa competencia, que hasta ahora estaba reservada a la Administración central, ya figura en los nuevos estatutos de Andalucía y de Cataluña.

La semana pasada, durante el debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad de la reforma legal, el PP mostró su desacuerdo con la cesión de competencias. Ayer, la Comunidad de Madrid fue más lejos: recurrió ante el Tribunal Supremo la modificación que el Gobierno hizo en el Reglamento de Extranjería, el pasado julio, para hacer posible el traspaso de esa facultad.

El recurso recuerda que la inmigración es competencia exclusiva del Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró desde México, donde se encuentra de visita oficial: "Creemos que si los permisos de trabajo pueden concederlos algunas comunidades autónomas y otras no, podemos encontrarnos con que inmigrantes con permisos concedidos en Andalucía acaben en la Comunidad de Madrid".

El recurso contencioso administrativo está basado en dos argumentos, según explicó el consejero de Inmigración y Cooperación de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. El primero hace mención al artículo 149 de la Constitución, que señala que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre (...) nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". El segundo incide en el hecho de que el Gobierno ha reformado el Reglamento antes de haber modificado la propia ley, lo que, a juicio de Fernández-Lasquetty, vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía normativa.

La reacción de la presidenta Aguirre tiene un calado político que va más allá de la inmigración. Lo que hace la presidenta madrileña es echar sal en la herida del Estatuto de Cataluña, que fue avalado por el Gobierno y recurrido por el PP, y que se halla pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Así lo ha entendido el Gobierno catalán, para el que la decisión de Aguirre "demuestra el carácter antiautonómico del PP". El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, aseguró ayer que el recurso es una muestra de que al PP "siempre le va bien ir contra Cataluña" y calificó de "insólito" e "incomprensible" que una comunidad autónoma recurra contra una competencia de otra comunidad. "El traspaso no supone ninguna invasión de competencias, sino mayor autogobierno conforme a lo que manda el Estatuto catalán", informa Miquel Noguer.

En el mismo sentido se manifestó el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano: "Aguirre", declaró, "representa lo peor del PP, esa idea del Estado franquista que niega el derecho recogido en la Constitución a desarrollar el autogobierno". CiU es, por ahora, el principal aliado del Gobierno para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería.