Un informe legal de la Xunta del PP avaló el concurso eólico del bipartito

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo empleó dos varas para medir el decreto eólico del bipartito. Si en pleno mes de agosto fue un informe de la directora general de la Asesoría Xurídica la herramienta utilizada para suspender el controvertido decreto, el 5 de junio letrados del mismo departamento defendieron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) las bondades de la normativa desarrollada por el anterior Gobierno.

Aspectos como la participación pública en el capital de las empresas adjudicatarias y el método del concurso para otorgar los parques, dos de los elementos que empleó la directora general en el informe que sirvió para tumbar el decreto, fueron avalados por los abogados de la misma Asesoría Xurídica en el escrito de contestación a una demanda interpuesta por Endesa contra el decreto en la Sala de lo Contencioso del TSXG.

Frente a los argumentos de la Consellería de Economía para suspender el concurso eólico, basados en un informe solicitado a la directora de la Asesoría Xurídica, María Cayetana Lado Castro Rial, la respuesta al recurso de Endesa Cogeneración y Renovables, que ayer reveló el BNG en el Parlamento, sostiene con contundencia la validez legal del decreto. Esa defensa incluye la interconexión a la red eléctrica de los futuros parques y las obligaciones y compromisos previos de los adjudicatarios con los propietarios de los terrenos donde se instalarían los aerogeneradores.

Si la Asesoría Xurídica apelaba al Consello Consultivo para aludir a "tachas de ilegalidad" del decreto del bipartito, dos meses antes los letrados aludían al mismo organismo para defender la normativa. Sobre el modelo de concurso, que para la directora general no se ajusta a la Ley del Sector Eléctrico, los letrados de la Xunta señalaron en la contestación a Endesa que esta fórmula está "en la mayoría de decretos" autonómicos relativos a esta materia. En el recurso, Endesa sostenía que este método vulnera el principio de libertad de empresa, algo que desmontan los letrados de la Xunta en junio.

Los compromisos adicionales y voluntarios del decreto, como la cesión de participación a la Xunta por parte de las sociedades adjudicatarias, fueron recurridos por Endesa, defendidos por los letrados en junio y cuestionados por la directora general dos meses después. Si para Cayetana Lado estas cesiones "adolecen de imprecisión por lo que pueden generar inseguridad jurídica", para su equipo es "un instrumento reglado que garantiza la objetividad de la medida".

Los juristas de San Caetano entendían en junio que la cesión de participación a la Xunta no atentaba contra la libertad de empresa, y volvían a apelar al Consello Consultivo, al asegurar que "se cumplieron en el decreto todas y cada una de las alegaciones de legalidad que tenía establecido" dicho órgano.

El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, exhibió ayer en la Cámara el informe de los letrados ante el conselleiro de Economía, Javier Guerra, que comparecencía a petición propia. "Este informe desmonta punto por punto los argumentos de la asesoría jurídica", denunció. Aymerich acusó de "ocultar" el informe a un Guerra que reconoció públicamente desconocer el documento que el diputado nacionalista blandía en sus manos.

Hizo hincapié Aymerich en la condición de "cargo político" de la directora general de la Asesoría Jurídica, frente al carácter técnico e imparcial de los letrados de la Xunta. Con él en las manos, acusó al Gobierno de Feijóo de perpetrar "un ataque en toda regla a los principios del Estado de derecho".

Guerra hizo caso omiso del informe del letrado y aprovechó su comparecencia para enviar un mensaje de tranquilidad a algunas de las empresas seleccionadas por el bipartito. No debe haber nerviosismo en las compañías que presentaron un proyecto "sólido y solvente" al concurso eólico, mientras sí deben tener preocupación aquellos grupos que tienen planes "sin contenido" o que acudieron con la intención de no ejecutarlos.

El titular de Economía justificó la suspensión del decreto en el informe de Cayetana Lado, quien también firmó el archivo del expediente por presunta incompatibilidad al conselleiro Agustín Hernández. Según el conselleiro, la suspensión garantiza la "seguridad jurídica del proceso". Pese a ello, la Xunta no descarta que las empresas preadjudicadas por el anterior Gobierno puedan hacer valer sus derechos en forma de indemnizaciones, razón por la que ha previsto hacerles frente a cuenta del canon medioambiental. Esta posibilidad, en todo caso, es menor para el conselleiro. "No creemos que puedan reclamar lucro cesante, ya que las empresas no tenían derechos consolidados, sino expectativas de derechos", apunto.

La intención de la Xunta de sustituir el decreto del bipartito por una ley del sector contó con la reprobación de la oposición, principalmente de los nacionalistas. Carlos Aymerich acusó a Guerra de pretender así "blindarse de los recursos" y "extender a la Cámara la prevaricación que están cometiendo". "Quieren una prevaricación legislativa", acusó el diputado nacionalista, para quien la paralización del recurso es "una decisión injusta adoptada a sabiendas de su injusticia".

El socialista Abel Losada, mientras, aseguró que el decreto del anterior Gobierno era "mejorable", pero "inmensamente mejor que la herencia recibida y las adjudicaciones a dedo de Fraga". El diputado del PSdeG subrayó que por primera vez "había un concurso público" con baremos "conocidos a priori", lo que contrastó con el "lamentable tráfico de megavatios" de la época de Manuel Fraga.

Losada y Aymerich reprocharon a Feijóo la foto de su abrazo en la plaza del Obradoiro con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el apoyo de Gas Natural-Unión Fenosa al canon medioambiental. "Estoy perplejo, y me lleva a pensar que algo hablaron previamente", manifestó Losada.