La Generalitat gastó 729.000 euros en informes superfluos

Informes que se encargaban a empresas cuando un funcionario podía haberlos redactado, que se pagaban con sobrecostes inexplicables o que, simplemente, no servían para nada. Tras años de polémica por este asunto, el Gobierno catalán ha admitido que se le fue la mano con el encargo de informes a asesores externos. Concretamente, que el 16% de los que encargó en 2007 pueden tener irregularidades. De una muestra de 300 informes analizados, 49 son prescindibles o excesivamente caros. Costaron 729.000 euros. Y es sólo una muestra, porque los informes encargados fueron diez veces más.

Forzada por la opinión pública tras conocerse el contendido de multitud de informes de dudosa utilidad, la Generalitat decidió el año pasado hacer una auditoría externa. Tres empresas auditaron 300 estudios del total de 2.961 que la Generalitat encargó en 2007. Los auditores encontraron problemas en un tercio de los informes analizados. Una vez revisados por los interventores de la Generalitat, la cifra de dictámenes sospechosos bajó a 49, que la oposición sigue considerando "un escándalo". En cambio, el consejero de Economía, Antoni Castells, cree que es "perfectamente razonable" y rechaza que nadie deba asumir responsabilidades.

El tripartito rechaza buscar responsables y se felicita por la "transparencia"

Castells también rechazó que puedan extrapolarse los resultados de la muestra (16% de informes superfluos) a los 3.000 que la Generalitat encargó en 2007 y que ha seguido encargando posteriormente. "La muestra escogida es muy amplia y en ella están sobrerepresentados los informes que podían resultar conflictivos", aseguró Castells ante una oposición incrédula. De extrapolarse el resultado de la auditoría al conjunto de los informes encargados por la Generalitat en 2007, un total de 2.963, el valor de los informes superfluos ascendería a siete millones de euros.

Ello no impidió que todos los grupos del Gobierno se felicitaran por la labor realizada. David Pérez (PSC) contrastó la investigación llevada a cabo con el escándalo de las encuestas de Convergència i Unió, que terminó con la dimisión de la mano derecha de Artur Mas, David Madí. ERC se felicitó por haber dado "un ejemplo de buenas prácticas". ICV aseguró que no ha habido irregularidades.

Entre los informes encargados por la Generalitat en 2007 hay un código de buenas prácticas en el sector cultural. El autor, que se embolsó 11.600 euros, es el secretario de la fundación Orfeó Català, destituido recientemente por el caso Millet.

También se encargó un informe para evaluar la imagen del Gobierno catalán para el que se analizó, con nombres y apellidos, la opinión de varios periodistas sobre el tripartito. Según CiU el informe buscaba "controlar" a los periodistas, algo que negó tajantemente el departamento de Presidencia.

El autor del informe, Josep Isern, de la empresa Disseny i Comunicació, aseguró que el objetivo del dictamen era "conocer los mensajes que generan las campañas de la Generalitat". Presidencia mantiene el polémico informe cerrado bajo llave.