Una sentencia ordena el derribo de una nave ilegal en la marina viguesa de A Lagoa

Una y otra vez, el puerto deportivo de A Lagoa choca con la justicia. Esta vez ha sido un juzgado vigués el que ha ratificado las irregularidades de unas instalaciones promovidas por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, al pie del monte de A Guía (Vigo), y construidas con el único permiso de la Autoridad Portuaria, sin licencia municipal de ningún tipo. La sentencia desestima un recurso presentado por los responsables de la marina, por lo que ratifica la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento vigués de la nave principal del puerto.

La nave cuya ilegalidad confirma ahora el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo tiene una superficie de casi 1.000 metros cuadrados. Según la sentencia, las obras fueron ejecutadas sin licencia y son incompatibles con la ordenación urbanística de la zona. No es la única nave construida sobre el puerto deportivo, que cuenta con otra orden de derribo, en este caso firme, contra un segundo almacén de embarcaciones.

El rosario de actuaciones ilegales se completa con un restaurante de lujo precintado este verano por el Ayuntamiento por orden judicial. Con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros cuadrados destinada a taberna, la empresa de Fernández de Sousa levantó un edificio cinco veces superior al autorizado y que carece de la posibilidad de ser desmontado.

Los promotores de la marina, con capacidad para 355 embarcaciones, contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron en la ejecución de las dos naves y el restaurante declarados ilegales.

Para la construcción del complejo y como vía de acceso a los actuales usuarios, la empresa empleó reiteradamente un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento. El paso constante de vehículos retrasó varios años una inversión de casi tres millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para un paseo marítimo, actualmente en obras, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos. Según un escrito de la fiscalía de la Audiencia Provincial, el puerto deportivo supera las dimensiones del informe de impacto y careció de vigilancia y control, pese a realizarse con materiales de desecho y sobre un banco marisquero de gran valor.