El fiscal replica al PP que erradicará la corrupción "venga de donde venga"
Dívar apoya la actuación de la Sala Penal frente a su ex compañero Garzón
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó ayer las críticas de parcialidad con las que el PP ha bombardeado a la Fiscalía desde el inicio del caso Gürtel y subrayó, en su discurso pronunciado ante el Rey en el solemne acto de apertura del año judicial, que va a "erradicar las conductas corruptas, vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores y sea cual sea su estrategia de defensa", aunque ese esfuerzo no sea siempre "grato". El fiscal general añadió que las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción han subido en más de un 100% en el último año.
Aunque Conde-Pumpido no mencionó directamente el caso Gürtel, la referencia a erradicar las conductas corruptas "sin más límites que los que marca el propio ordenamiento y sin otra presión que la autoexigencia en el cumplimiento del deber" no pasó inadvertida. Al acto, celebrado en el Tribunal Supremo, asistían la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, el coordinador de Justicia, Federico Trillo, y el consejero de Justicia de Madrid, Francisco Granados.
También estaban el presidente del Congreso, José Bono, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y otros magistrados, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y altos dignatarios de las instituciones judiciales y la fiscalía.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cedió a las peticiones de algunos magistrados y vocales del Poder Judicial y cambió su discurso oficial añadiendo un comentario de apoyo a la Sala Penal del Supremo, que ha imputado al juez Baltasar Garzón por investigar el franquismo. Las copias del texto inicial fueron retiradas poco antes del comienzo del acto y se sustituyeron por otras en las que se añadió esa mención a la "independencia en la actuación de los magistrados" frente a las "críticas aparecidas recientemente respecto de la actuación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de sus dignísimos magistrados". La mención del presidente del Supremo fue interpretada como un apoyo expreso a las actuaciones de la Sala Penal frente a las críticas por la imputación de Baltasar Garzón, y por haber reabierto las actuaciones sobre las remuneraciones de este juez en Nueva York que la propia Sala Penal archivó hace meses. También las archivó en otras dos ocasiones el Consejo del Poder Judicial, presidido igualmente por Dívar. El hoy presidente del Supremo fue compañero de Garzón durante 15 años en el juzgado central número 4 antes de presidir la Audiencia Nacional durante otros cinco.
Dívar salvó un discurso anodino ofreciendo el dato de que la Sala de lo Contencioso mantiene congelados fondos equivalentes a más de seis mil millones de euros (un billón de pesetas) de litigios pendientes, pero que la Sala estará al día aproximadamente en 2012. Según el presidente del Supremo, en la Sala de lo Contencioso se deciden litigios cuya importancia económica "es de tal envergadura que puede tener incidencia directa en el funcionamiento de la economía nacional".
"Mientras no se alcance la definitiva puesta al día de todo el Tribunal, esa ingente cantidad de dinero, que podría estimarse en varios miles de millones de euros más en el conjunto de todas las Salas, se encuentra congelada y no revierte en el circuito económico, bloqueando múltiples expectativas", añadió.
En otro momento de su discurso ante el Rey, Dívar reivindicó la dotación de una plantilla estable para el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Conde-Pumpido también se refirió a la reforma del principio de Justicia Universal, "no para limitarlo", dijo, "sino precisamente para asegurar su ejercicio serio riguroso y eficaz, haciéndolo efectivo con el alcance con que la Justicia española pueda responder de un resultado real".
Al término del acto, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, preguntada por los periodistas "si nos darían las uvas" con la sentencia del Estatuto catalán, contestó que no, que estará "antes". Ante la insistencia de los informadores, y para zafarse, acabó diciendo que en octubre "podría ser".
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