Cambiar la ley para expulsar a ANV de los ayuntamientos

Lo rubricó en las páginas de la Memoria de la Fiscalía presentada ayer y lo recalcó en su discurso. Cándido Cónde-Pumpido quiere un cambio legislativo para que sea posible disolver los ayuntamientos gobernados por formaciones políticas que hayan sido ilegalizadas, y así evitar situaciones "inaceptables" como la de ANV en Euskadi. En el apartado de terrorismo, además, el fiscal general considera "imprescindible" la creación de un nuevo delito de financiación del terrorismo.

Otra gran batería de propuestas está encaminada a combatir los actos cometidos en o a través de Internet. La fiscalía quiere que se castigue penalmente la grabación y difusión en la Red de imágenes degradantes, aunque quien las haga públicas no "ostente una posición activa en el acto vejatorio". Las ideas desgranadas a lo largo de Memoria, de 1.300 folios, también incluyen que se penalice la "propuesta intencionada [a través de medios electrónicos] de un adulto" dirigida a reunirse con un menor para tener sexo o producir pornografía infantil.

El documento alerta de que en 2008 se duplicaron los procedimientos relacionados con la pornografía infantil. Se reclama, asimismo, que sea tipificado como delito la usurpación de la identidad virtual cuando exista la intención de menoscabar la dignidad del titular o enmascararse para realizar actos ilícitos.

Para los incendiarios se propone una medida de alejamiento, durante periodos de riesgo, del lugar en el que ha cometido la acción delictiva. Y los padres podrían ser castigados penalmente si no matriculan a sus hijos en un centro educativo o si consienten que sus hijos no acudan al colegio. En el apartado de accidentes laborales, la fiscalía pide a las empresas que, pese a la crisis, mantengan el nivel de salud laboral, "que debe permanecer intocable".

Protección de testigos

Entre los reproches más duros de la fiscalía está el mal funcionamiento del sistema de protección de testigos, que califica de "precario". Y dice: "No satisface ninguna de las más elementales necesidades, sobre todo cuando las amenazas de los delincuentes se extienden a los seres más cercanos". También critica el estado de los centros para extranjeros, que en el caso de Algeciras (Cádiz) y Málaga "no reúnen las condiciones mínimas de funcionamiento". En cuanto a la seguridad vial, la fiscalía alerta sobre el funcionamiento los trabajos en beneficio de la comunidad. Según sus datos, el 80% de las condenas de este tipo está sin cumplir y podría prescribir.