Los gastos superan a los ingresos en un centenar de ayuntamientos

La austeridad no ha llegado a los ayuntamientos. Y no será fácil que lo haga, pese a que las arcas locales están en pésimas condiciones para afrontar la crisis. Soportan grandes cargas de gastos fijos y los ingresos por los servicios que facilitan a los ciudadanos en muchos casos no cubren su coste real. Durante años han estado parapetados tras el escudo de los fondos europeos, aumentando su deuda con entidades financieras (en especial con las cajas de ahorros) o recibiendo fondos de las Diputaciones. Ahora la mayoría tiene serias dificultades para afrontar los pagos comprometidos.

Uno de cada dos ayuntamientos gallegos ha reconocido al Ministerio de Economía y Hacienda haber gastado por encima de sus posibilidades el año pasado. Los números rojos afectan a 99 de los 206 que presentaron sus liquidaciones correspondientes al 2008, el resto lo hará en los próximos meses. El desfase fue especialmente dramático en Ferrol, Sanxenxo, Santiago de Compostela, Moaña y Cervo: entre los cinco admiten tener que hacer pagos que superan sus ingresos por importe de 18 millones. Le siguen municipios de menos de 30.000 habitantes como Culleredo, Miño, Foz o Rianxo, que con ingresos muy modestos tienen obligaciones que por separado exceden sus recursos en un millón y medio de euros.

Los alcaldes no son capaces de rebajar su gasto corriente

En el lado opuesto están Vigo, Ourense, A Coruña, Pontevedra, As Pontes y Cambados, que tienen, aparentemente, sus balances más saneados. La coletilla viene al caso porque los datos de la Secretaría de Estado de Presupuestos son sólo una parte de la fotografía de las cuentas: no dan información sobre el remanente de tesorería, que añade a los gastos e ingresos las partidas que todavía están pendientes de cobrarse o pagarse y los fondos líquidos.

Un año antes, a las puertas del desplome de la economía, las liquidaciones presentadas por los 315 municipios gallegos no fueron mucho mejores: en el 40% de los casos los gastos superaron los ingresos. Sanxenxo, Cangas, Oleiros, Miño, Rianxo, As Pontes, Ponteareas, Narón, Moaña y Teo encabezaban los desfases.

La responsable de la situación es, en parte, la crisis, que está provocando una importante caída de la recaudación de impuestos y tasas, el combustible de los presupuestos locales junto con las transferencias. Los municipios se han sobrecargado de personal y no son capaces de rebajar gastos corrientes (mantener sus instalaciones, su patrimonio, etc.). Han asumido funciones que no les corresponden, sobre todo en el área social y sanitaria. Tampoco pueden dejar de pagar los intereses que genera su deuda bancaria, con lo que la mayoría opta por recortar sus inversiones reales o, en el peor de los casos, por alimentar sus ingresos vendiendo patrimonio.

Las cuentas agregadas dan la única alegría. La suma de ingresos y gastos de todos los ayuntamientos gallegos que han informado a Madrid hasta el 1 de septiembre arroja un balance muy ajustado pero positivo: 1.751 millones salieron de caja mientras 1.783 entraban. El personal absorbe el 31% de lo presupuestado. Otro 36% de lo recaudado se dedica a pagar los servicios y el 19% va a parar a las inversiones. Entre impuestos y tasas, los recursos ascienden a 864 millones.

Si continúan comprometiendo más dinero que el que tienen, ¿podrían llegar a quebrar como lo hacen las empresas? Por su naturaleza, no se puede hablar de quiebra porque no son sociedades que tengan un capital para responder de las deudas. Cuando la tesorería no es capaz de soportar sus obligaciones, el ayuntamiento puede encontrarse en una situación límite, sin poder hacer frente a sus propias nóminas. En muchos casos optará por aplazar los pagos, incrementando así la morosidad para desesperación de sus proveedores.

Aunque se dé la peor de las situaciones ni siquiera es probable que otra administración tome cartas en el asunto: su autonomía está garantizada. De hecho, la única intervención en la historia de la democracia en un ayuntamiento tuvo lugar en el de Marbella porque incumplió sus obligaciones constitucionales.

Otra cosa es que las Diputaciones puedan salir en auxilio de los consistorios, algo que ya sucede en Galicia con actuaciones similares al Plan E del gobierno de Zapatero. La de Pontevedra ha creado un fondo especial de 70 millones a repartir en los próximos tres años para "contrarrestar la falta de liquidez y facilitar el cobro de facturas". Financia obras de todo tipo: desde nuevos cementerios a mercados de abastos, pavimentación, limpieza o tratamiento de aguas. La última actuación anunciada fue de casi nueve millones de euros en Tui y siete poblaciones cercanas. "No es el único plan contra la crisis", señala un portavoz del organismo provincial. Otro de sus frentes está en catalogar los molinos eólicos como Bienes Inmuebles de Características Especiales para que los consistorios puedan aplicar un tipo impositivo mayor sobre los 1.275 aerogeneradores instalados en la provincia.

Al norte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, confirma que el año que viene se aprobarán "planes anticrisis con el objetivo de que los Concellos puedan afrontar el gasto corriente de los servicios públicos de carácter básico". Se sumarán al los que ya están en marcha y al Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 2010 (POS 2010), que será aprobado el próximo 25 de setiembre. La novedad es que cada consistorio deberá destinar el 50% por ciento del presupuesto del POS a inversiones y proyectos pero tendrá la opción de dedicar la otra mitad a gasto corriente para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos municipales.

El organismo también está estudiando la posibilidad de establecer un convenio marco con las compañías de suministro de energía eléctrica con el propósito de abaratar las facturas de la luz.

Y tanto en el norte como en el sur prestan asesoramiento jurídico a los ayuntamientos en su guerra ante el Ministerio de Hacienda por la bonificación del IBI a las empresas concesionarias de la autopista.