Columna
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Camps ante la justicia

Cada vez resulta más difícil entender a Camps. Cuando habla, pero aún más cuando actúa ante la justicia. Ante ella se manifiesta entre la connivencia y la ruptura, como diría Vergés. En la connivencia porque dice aceptar los valores y principios sobre los que se enjuicia el caso, aunque cuestionando la certeza de las pruebas aportadas, y en la ruptura, porque desde su defensa impugna todo aquello que sustente la acusación y por tanto, no acepta someterse a nada que pueda probar aquello de lo que se le acusa.

Por eso en todo el proceso del caso Gürtel, ha aparentado respeto al orden establecido, cuando en realidad, no ha hecho más que pervertirlo permanentemente. Ha hecho del proceso judicial un espectáculo, en el que ha contado con meritorios de calidad como Rita Barberá, entre otros.

Jamás podrá lavar la vergüenza de la mentira y las complicidades delictivas

Desde el primer momento ha dado por hecho un veredicto que solo corresponde emitir a los tribunales. Añadamos que para ello contaba con la íntima amistad del presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Ha tachado y tacha de inquisidores a quienes respetan las reglas del juego democrático y le piden responsabilidades. Y ha intentado en todo momento ser llevado en andas como un santón que se presenta como víctima de aquellos que tan solo le piden que ejercite las virtudes clásicas de la democracia: transparencia y justicia, igualdad y austeridad. Y la verdad es que su partido, con Rajoy a la cabeza, está gustoso de llevarlo en andas.

Camps proclama su inocencia, niega los hechos. Utiliza el sistema judicial como un confesionario, a la espera de la absolución que siempre obtiene de su confesor en la iglesia. La Iglesia es, al fin y al cabo, su modelo de gobierno. Grandes fastos, jerarquías, sermones, adoctrinamiento y, cómo no, doble moral. La inocencia que predica no se corresponde con la que practica, acogiendo en su seno político a los peores ejemplos de vicios públicos y privados. La conducta de Camps es política y socialmente rechazable. Lo peor, al fin y al cabo, no es saber que ha aceptado regalos a cambio de contratos, sino ignorar qué otras corruptelas habrá cometido o tolerado, qué más da, al abrigo de su presunta infalibilidad.

La ruptura de Camps consiste en negar la legitimidad de la acusación. Detesta que quieran juzgar su figura mítica como si de un simple ciudadano se tratara y, por ello, no acepta sus reglas. El PP ataca un orden del que forman parte por naturaleza. Ataca el sistema si es Garzón quien acusa. Sin embargo, le concede legitimidad si es un juez o un tribunal al que asignan la calidad de próximo ideológicamente. En realidad no lucha contra el orden establecido, tan solo traiciona sus principios, como el de que todos somos iguales ante la ley. Consideraría al sistema una garantía si la acusación fuera falsa; como sabe que no lo es, lo percibe como una amenaza.

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La llamada desesperada a la opinión pública pretende sustituir a las facturas como prueba de descargo. Camps piensa que hoy siempre hay alguien dispuesto a apoyar una causa. Como en la mayoría de los procesos de ruptura, el acusado cambia su condición de individuo por la de militante que defiende sus posiciones apoyado por camaradas que promueven un movimiento de solidaridad para pedir su absolución. Pero ni Camps es Teresa de Calcuta, ni sus posiciones son moralmente defendibles.

Hoy los medios de comunicación han rebasado su función informativa para adquirir el estatus de creadores de la realidad. El caldo de cultivo idóneo para los sofistas -Gorgias o Blasco, tanto monta- que consideran la palabra una herramienta para envenenar y embelesar, y que estos días repiten sin descanso que esta campaña de acoso al president ataca a la autoestima de los valencianos y valencianas.

En este Matrix donde ya no necesitamos vivir las experiencias, es suficiente con percibirlas a través de la pantalla. Algunos medios de comunicación, y Canal 9 en particular, han desertado de su función para ponerse -para vergüenza de los profesionales de la comunicación- a las órdenes de un partido al que consideran ligado a su futuro empresarial. Y los acólitos de Camps se emplean a fondo para anular el pilar maestro de la ciudadanía: la capacidad de decidir en función de una información lo más objetiva y completa posible. El actual panorama mediático en la Comunidad no da esa opción.

Pero la ampliación del campo de juego a los medios nacionales ha dado a conocer ampliamente la realidad en función de la cual deberán decidir los jueces. Camps está desconcertado ante el cambio de escenario mediático. No todo el monte es orégano ni todos los medios son Canal 9. Desacostumbrado al pluralismo informativo y con su control fuera de alcance, se precipita hacia un proceso de ruptura. El fin puede explicar los medios, pero nunca los justifica. Si las instituciones jurídicas y políticas con democráticamente legítimas, los procesos sólo pueden ser de connivencia. Este es el caso de la Comunidad Valenciana, por mucho que 14 años de gobiernos del PP hayan erosionado esa legitimidad democrática. Los socialistas creemos en el sistema judicial y respetamos sus reglas, aunque también confiamos en el juicio de la ciudadanía, del que Camps no saldrá airoso. Podrá hasta eludir la condena judicial, pero jamás podrá lavar la vergüenza de la mentira y las complicidades delictivas. Lo contrario sería haber dejado de creer en la honestidad colectiva de los valencianos y valencianas. Y eso, nunca.

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