Empleo pretende asumir la gestión de las principales ayudas sociales

Las solicitudes de las ayudas sociales se presentan en los servicios de base de los ayuntamientos. La concesión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) depende, sin embargo de las diputaciones. Finalmente, quien libera los fondos es el Gobierno vasco. La peor de este sistema, que descansa sobre el reparto competencial -Bienestar Social es competencia exclusiva de las diputaciones-, es que las demoras entre la solicitud de una renta de superviviencia y su obtención pueden pasar dos meses. Y dos meses sin dinero y con familia pueden ser una eternidad.

El Gobierno cree que lo lógico sería fraguar un pacto interinstitucional para que fuese el Departamento de Empleo el que gestionara las principales ayudas sociales. Entiende que de esa manera se evitarían las demoras a los ciudadanos y el sistema sería mucho más eficiente al conectar las bases de datos de los servicios de empleo con los de asistencia social y, por tanto, poner en contacto una parte de la oferta con la demanda. "Será un acuerdo difícil, pero lo vamos a intentar", asegura la consejera Gemma Zabaleta.

La asunción de las políticas activas de empleo se va a convertir en la mejor oportunidad para reordenar las decenas de servicios de empleo que se han ido creando en todos los niveles administrativos. Las diputaciones tienen los suyos, los ayuntamientos también los han impulsado y, cómo no, las comarcas han abierto sus propias oficinas. No hay coordinación, no se comparten objetivos y, en consecuencia, cada uno destina sus fondos a las necesiadades más cercanas.

"Parece lógico abordar una reorientación de los servicios sociales, pero también y sobre todo, una reordenación de los de empleo, coordinarlos y crear oficinas únicas, pero ¿quién le hinca el diente a ese asunto?", se pregunta un sindicalista conocedor del problema.

La consejera también alude al obstáculo que supone la Ley de Territorios Históricos, que fija el reparto competencial entre administraciones y que al menos para el PNV es una ley intocable. Precisamente es la ley que hace que todas las demás tengan que hacer encaje de bolillos para no incumplirla.

La ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social dedica cuatro artículos a los procedimientos de solicitud, instrucción de los expedientes, comprobación de los recursos y finalmente resolución y plazos máximos. Las solicitudes se hacen en los ayuntamientos en los que está el solicitante empadronado, y los servicios sociales "derivarán a los de empleo" los que estimen que pueden tener mejor empleabilidad. La instrucción del expediente tambien la hace el Ayuntamiento, es decir está obligado a comprobar todos los datos y requerir cuanta infornación necesite.

Sin embargo la resolución de concesión o denegación corresponderá, en el caso de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, y de la prestación complementaria de vivienda, es competencia, y la ejerce, la diputación foral del territorio histórico en el que se encuentre ubicado el municipio de empadronamiento y residencia efectiva. Las AES dependen de los ayuntamientos. En el caso de la RGI la diputación tiene dos meses para conceder o denegar la ayuda.