Ni bajada de impuestos ni "grandes cambios" en la política fiscal

No es momento ni de bajar impuestos, como pide el PP para el de sociedades, ni de hacer grandes movimientos en la política fiscal, coincidieron las delegaciones del PNV y el PSE reunidas ayer. En el documento que el partido de Iñigo Urkullu entregó a los socialistas e hizo público al término del encuentro, sí figura un cambio, al que el PSE no pone especiales pegas; entre otras cosas, porque también se hará en territorio común: la eliminación de la deducción universal de 400 euros introducida el año pasado y que el PNV propone mantener sólo para las rentas inferiores a 18.000 euros.

Ambos partidos convinieron también que las reformas tributarias de fondo deben plantearse en un horizonte temporal más a medio o largo plazo y el PNV quiere anclarlas en un estudio previo sobre el actual sistema tributario.

Tampoco puso el PSE objeciones a la exigencia de que el Gobierno central, aunque recurra a los tribunales, abone provisionalmente a Álava los 456 millones por recaudación del IVA que acordó Junta Arbitral del Concierto Económico. De hecho, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, ya ha cursado, al menos verbalmente, la reclamación a Madrid de ese dinero, y tiene un interés real y propio en obtenerlo: al Gobierno recibiría el 70% de esa cantidad, según el reparto interno de la recaudación.

Los socialistas garantizaron en la reunión de ayer que votarán en el Congreso a favor del blindaje de las normas de carácter fiscal de las Juntas Generales, al igual que lo hicieron en el Parlamento vasco. También el PP vasco sostiene que su grupo en Madrid secundará las modificaciones legales precisas para que las normas forales tributarias no puedan ser reclamadas más que ante el Tribunal Constitucional y así evitar gran parte de los recursos presentados contra ellas.

Coeficiente vertical

Dos son los apartados que pueden suscitar alguna dificultad, sin llegar a ser definitivos. Uno es la visión que el PNV tiene sobre el traspaso de las políticas activas, que, en definitiva, será como acuerden Gobierno y Administración central. El otro es la pretensión, introducida en la reflexión peneuvista sobre la sostenibilidad de los servicios sociales, y que los socialistas rechazarán de plano, de que se cambie el actual reparto de recursos, rebajándose el 70% que recibe el Gobierno, para aumentar el porcentaje de las diputaciones.