Un informe médico desaconseja la entrada en prisión del cura Moure

El sacerdote sigue gestionando la red de asilos desde donde estafó a una anciana

La sentencia firme que condena al presidente de la Fundación San Rosendo, el sacerdote ourensano Benigno Moure, a cinco años de cárcel y otros cinco de inhabilitación para presidir, gestionar o representar instituciones asistenciales podría quedarse en papel mojado. Moure, condenado por "urdir una trama" para estafar "hasta despojar de todos sus bienes" a una anciana residente en uno de los geriátricos de la Fundación que preside, sigue al frente de la misma institución -integrada por 54 centros, 48 de ellos de ancianos- mientras allana el camino para no entrar en prisión.

Los médicos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) han enviado ya a la Audiencia el informe sobre el estado de salud del condenado que determinará si se le suprime la pena de cárcel. Aunque los facultativos no emiten un pronunciamiento rotundo, en el dictamen médico consta que el cura, de 76 años, acudió al examen "deambulando con la ayuda de un bastón" y presentó un historial clínico del que se deduce que tiene "graves e irreversibles" dolencias que se complicarían en la cárcel, lo que supondría una "probabilidad elevada de acortamiento de vida".

El Consejo de Ministros deberá pronunciarse sobre el indulto

La acusación particular se opone a la supresión de la pena de prisión. "Nadie niega que tenga una enfermedad crónica o grave", sostienen los letrados del demandante, pero matizan que las cárceles "están llenas de enfermos graves" y la eximente se contempla sólo "para los terminales".

En opinión de la acusación, la enfermedad del cura no debe de ser terminal cuando "no le impide seguir trabajando" en la fundación. La Audiencia de Ourense dictaminó en julio que Moure tiene "todas las facultades para seguir presidiendo la Fundación San Rosendo y eso es lo que voy a hacer", afirmó entonces Moure a este diario al confirmar que la institución no le buscará sustituto.

El sacerdote espera que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre su petición de indulto. Para este trámite su fundación ha contratado al hijo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. La petición se basa en la "trayectoria intachable" de "uno de los ciudadanos más ejemplares de la provincia".

El informe policial solicitado para valorar el grado de arrepentimiento del cura también le es favorable. Aunque en una de sus últimas declaraciones aludió a la crucifixión de Cristo para reivindicar su inocencia, la policía judicial "no ha podido determinar" en las gestiones que realizó "si el referenciado ha dado muestras o no de arrepentimiento", según consta en el dictamen fechado el pasado 13 de agosto.

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