El PP se estrella con el 'caso Gürtel'

La función de las Cortes Valencianas es "controlar la acción del Consell" y "ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat", según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Pero el Partido Popular forzó el calendario parlamentario para convocar ayer la Comisión de Coordinación de las Instituciones con el afán de rescatar en las Cortes Valencianas la teoría de la persecución política que sus altos cargos aseguran sufrir desde las más altas instituciones del Estado.

Ayer, los objetivos eran María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera del Gobierno, y Cándido Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado. El PP impuso su mayoría y logró encomendar a Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, para que requiera a ambos por escrito su comparecencia ante las Cortes.

Costa abandonó la comisión sin oír a la oposición

Martínez escribirá a De la Vega para que acuda a las Cortes

"Busquen la verdad, que es que Camps mintió a las Cortes y mintió al juez"

Ni la una ni el otro están obligados legal ni constitucionalmente a comparecer ante las Cortes. Ni lo harán. Pero el PP lanzó invectivas, exabruptos y sospechas sobre sibilinas conexiones entre ambos. David Serra, portavoz adjunto del PP, leyó aplicadamente su única intervención ante la comisión parlamentaria. Ricardo Costa siguió los primeros minutos del discurso y abandonó discretamente la sala. Serra, sabedor que los requerimientos de la presidenta de las Cortes a la vicepresidenta del Gobierno y al Fiscal General del Estado caerán en saco roto, cerró con un lapidario: "Quien calla, otorga".

Después de un cuarto de hora de gloria que grabaron diligentes las cámaras de los medios afines, el teatrillo adquirió tintes más dramáticos.

José Camarasa, por el PSPV; Mireia Mollà, por Compromís; y Lluís Torró, por Esquerra Unida, coincidieron al denunciar el absurdo empeño del PP al exigir la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas y al calificar como "una burda cortina de humo" para desviar la atención de las relaciones de Francisco Camps, presidente de la Generalitat con "una trama de conseguidores" que le regalaron trajes y provocaron que mintiera ante el pleno de las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El socialista Camarasa parafraseó a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, cuando el PP deslizó por primera vez la teoría de la persecución política de sus altos cargos. "En este país se persigue a los delincuentes", sentenció. Y no dudó en recordar las solicitudes de comparecencia de técnicos y expertos ferroviarios formuladas por la oposición cuando se creó una comisión de investigación del accidente registrado en el Metro en Valencia en 2006, y cómo el PP las rechazó sistemáticamente.

El calibre y la consistencia de los reproches que vertieron los tres portavoces de la oposición contra el PP y Camps llevaron a Serra a renunciar a cualquier atisbo de réplica. Se había estrellado.El PP no tuvo ningún empacho en requerir con palabras gruesas la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas. "Son como unas bacterias que están socavando los fundamentos del Estado de Derecho", dijo Serra. Pero cuando el Parlamento de Galicia puso en marcha una comisión de investigación para intentar despejar las responsabilidades políticas en torno al naufragio del Prestige, la catástrofe que asoló las costas gallegas en noviembre de 2002, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, vetó personalmente las solicitudes de comparecencia que se habían cursado a Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, el delegado del Gobierno en Galicia y otros responsables de Marina Mercante.

La realidad pierde consistencia en las Cortes Valencianas, acolchada sobre la amplia mayoría absoluta que disfruta el PP. Pero el socialista José Camarasa no renunció a la pedagogía. Apeló a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, al Reglamento del Congreso de los Diputados y al Reglamento de las Cortes para ilustrar la vaciedad de la iniciativa del PP.

José Marí Olano ocupaba el escaño que Ricardo Costa había dejado desierto cuando empezó la descarga. "Sólo les interesa estoquear a De la Vega, no que comparezca", dijo Camarasa, "la deriva autoritaria del PP es tal que no les importa el daño que hacen a las instituciones. Las Cortes usurpan el papel del Congreso. Violan todas las reglas del juego democrático con iniciativas circenses para confundir a los ciudadanos. El problema no lo tiene el Estado de Derecho, lo tiene ustedes, el PP, por relacionarse con una trama de conseguidores corruptos. En lugar de lanzar cortinas de humo, deberían buscar la verdad. Y la verdad es que Camps mintió, mintió ante las Cortes y mintió ante el juez".

Mireia Mollà, de Compromís, calificó todo el debate como "una payasada, una freakada". "Dicen ustedes que el Gobierno no tiene voluntad política para explicarse ante el Congreso. Puede que al Gobierno le falte voluntad política, pero aquí, en las Cortes, lo que falta es política", añadió. "Hay mucha gente que sufre por la crisis económica y ustedes abren el curso con iniciativas que no les ayudan en nada", siguió Mollà, "como tres son más que dos nos arrastran a la denigración de la clase política".

La diputada de Compromís deslizó que tal vez Álvaro Pérez, El Bigotes, el sastre del presidente, la toma de medidas en el hotel Ritz o a las fiestas del ex director general de RTVV en Marraquech influyeron más que la vicepresidenta del Gobierno sobre la decisión del fiscal de recurrir el archivo de la causa contra Francisco Camps en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Lluís Torró, de Esquerra Unida, no se quedó atrás: "El PP sospecha que la vicepresidenta influyó en una decisión del fiscal que afecta a una persona y estamos aquí inmiscuyéndonos en un proceso judicial. Eso no es precisamente respeto a la separación de poderes en un Estado de Derecho".