Los sindicatos aceptan que el sueldo de los funcionarios suba el 0,3%

Los salarios de los funcionarios se adaptarán el año próximo a las estrecheces presupuestarias. Tras varios ejercicios con subidas superiores a la inflación real, los empleados públicos verán crecer sus sueldos un exiguo 0,3%. Los sindicatos de la función pública (UGT, Comisiones Obreras y CSIF) aceptan este escenario porque el Gobierno ha incluido en el acuerdo una cláusula de revisión salarial que les garantiza la restitución del poder adquisitivo. Eso sí, los atrasos no se cobrarán hasta que la economía empiece a salir del bache, en 2012.

Esa cláusula de revisión, a la que ha tenido acceso este periódico, establece que los Presupuestos de 2012 habilitarán "los créditos necesarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos que pudiera producirse". Así, el 1 de enero de 2012 los trabajadores percibirán "el importe correspondiente a la desviación" entre lo establecido en las leyes de Presupuestos y "la inflación efectiva en esos años". Es decir, la inflación real, que normalmente suele superar la previsión del 2% que fija el Banco Central Europeo (BCE). Al coincidir el acuerdo con años de penuria económica, la evolución de los precios será más moderada y, por tanto, menos gravosa para las cuentas públicas.

Los analistas prevén una inflación en torno al 1,5% en 2010

El acuerdo recoge una reducción de la temporalidad en el sector público al 8%

"No hay horizonte para las protestas porque todo el mundo tiene interiorizada la situación económica", asegura Julio Lacuerda, responsable de la función pública en UGT, que valora la rapidez del proceso de diálogo con el Ejecutivo. Su homólogo en CC OO, Enrique Fossoul, considera "bastante aceptable" la cláusula de revisión pactada.

En cualquier caso, con una subida del 0,3% para 2010, la pérdida de poder adquisitivo está prácticamente garantizada. La mayor parte de los analistas augura una inflación en torno al 1,5%, por lo que será necesario activar las cláusulas de revisión en los próximos dos años.

Más incierto es el panorama en 2012, último año de vigencia del acuerdo que se disponen a firmar el Gobierno y los sindicatos. El texto establece que el poder de compra perdido ese año se incorporará a los Presupuestos de 2013, pero si las elecciones se celebran en la primera mitad de 2012, será otro Gobierno el encargado de cumplir ese compromiso. "No tenemos otra forma de garantizarlo; lo lógico es que el próximo Gobierno respete los pactos anteriores", argumenta Miguel Borra, del sindicato CSIF.

La práctica congelación de los salarios de los empleados públicos -la subida de tres décimas es testimonial- constituye una importante fuente de ahorro para el Presupuesto del año próximo. Un 17% del gasto del Estado se destina a retribuir a los 2,6 millones de empleados públicos que existen en España (de la Administración central, las comunidades y los ayuntamientos). Además, los de la Administración central percibirán otro 0,3% en el fondo de pensiones. El resto de administraciones puede aprobar subidas adicionales, algo difícil en momentos de penurias económicas.

Más allá de las medidas retributivas, el borrador del acuerdo establece otras mejoras en el empleo público. La principal -y la más difícil de cumplir- es el descenso de la temporalidad en este sector, que supera, por primera vez, a la del privado (un 25,4%, dos décimas por encima). El documento fija la necesidad de reducir esa tasa "hasta un máximo del 8%", aunque no se especifica el horizonte temporal ni la obligación expresa.

En el texto, el Gobierno se compromete también a impulsar otras medidas previstas en el Estatuto del Empleado Público, como el acceso a la jubilación parcial y la implantación del teletrabajo. Además, se cubrirán todas las bajas por jubilación que se produzcan en servicios básicos como la sanidad, la educación, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y la atención a la inmigración.