Dos pisos sociales de Sabadell fueron para familiares de cargos políticos

Más irregularidades en la concesión de 101 pisos tutelados de alquiler para jubilados en Sabadell. Además de los 17 concedidos a personas que tenían otra vivienda, contra lo estipulado en el pliego de condiciones, dos pisos fueron a parar a familiares de cargos políticos municipales que no cumplían los requisitos para ser beneficiarios de las viviendas.

Uno de los apartamentos fue para los tíos de la concejal de Servicios Sociales, Maria Ramoneda, pese a que incumplían la condición de llevar dos años empadronados en Sabadell. El otro fue para la madre de la cuñada de Rosa Graells, jefa de Servicios Sociales. En este caso se incumplían dos condiciones: la beneficiaria no tenía ingresos para pagar la renta mensual y era usufructuaria parcial de una vivienda en el propio Sabadell. Además tanto Ramoneda como Graells fueron designadas para formar parte de la comisión que concedía los pisos, aunque esta comisión no se ha reunido nunca, según el concejal de Urbanismo, Joan Carles Sánchez.

Hay quien no optó a un piso porque no cumplía requisitos que luego no se exigieron

Sánchez reconoció ayer las nuevas irregularidades, pero en su opinión carecen de importancia. En el caso de los familiares de la concejal Ramoneda, que tenían fijada la residencia en Vilanova de Meià (Noguera) hasta que se empadronaron en Sabadell, Sánchez sostuvo que realmente vivían en Sabadell y que, aunque no constaban en el padrón, un informe de la Policía Municipal hecho a partir de entrevistas a vecinos permitió justificar el tiempo mínimo de residencia.

Carme García, portavoz del grupo de ICV-EUiA en Sabadell, confirmó ayer que en el expediente figura un informe policial, pero recordó que el pliego de condiciones es taxativo al pedir el certificado de empadronamiento, que sí debieron presentar los demás solicitantes.

La segunda irregularidad denunciada es la concesión de una vivienda a la madre de la cuñada de Rosa Graells, jefa de Servicios Sociales de Sabadell. Sánchez también justificó que se le diera la vivienda pese a incumplir los requisitos porque, aunque no tenía ingresos suficientes, fue avalada por su hija, que precisamente trabaja en el complejo de viviendas. A esta ventaja tampoco pudieron acogerse el resto de los aspirantes.Tanto el aval a un familiar como el informe policial son "normales", afirmó Sánchez. Sin embargo, sólo aparecen en los dos expediente de los familiares de cargos municipales. Ni antes ni después, ya que la de Sant Oleguer es la primera de las concesiones de este tipo de viviendas que se ha hecho en Sabadell y la única, hasta el momento.

Carme García no critica que se acepte el aval familiar para los casos de personas con ingresos insuficientes, pero sostiene que esa misma posibilidad debería haberse ofrecido al resto de las personas mayores de 65 años de Sabadell y no sólo a la familiar de la jefa del servicio.

Este diario intentó, sin resultado, hablar con Maria Ramoneda y Rosa Graells. La portavoz del Ayuntamiento de Sabadell explicó que la concejal se halla afectada por la trascendencia de los hechos y no está en condiciones de hablar. En el caso de Graells, la portavoz sostuvo que los cargos técnicos no hacen declaraciones. El cargo de jefe de servicio es de designación directa del equipo de gobierno.

ICV-EUiA señaló ayer que no tiene intención alguna de pedir que se revisen las concesiones a las personas que ocupan las viviendas, a las que calificó de "víctimas" de la política municipal, además de considerar que hay terceras personas damnificadas al no haber podido solicitar las viviendas porque no cumplían requisitos que luego no se han exigido.

"Lo que pretendemos es que el alcalde [Manuel Bustos] dé explicaciones y depure responsabilidades, empezando por el caso de la concejal Ramoneda y siguiendo con una comisión de investigación que permita averiguar si hay más irregularidades". Si Bustos no accede a estas peticiones, ICV-EUiA acudirá a la fiscalía, señaló Carme García.

El Consistorio atribuyó ayer todo el asunto a la voluntad de los ecosocialistas de desgastar al equipo de gobierno, formado por el PSC con el apoyo del PP. No ha habido irregularidades políticas, dijo Joan Carles Sánchez, y para evitarlo no se constituyó una comisión política y se dejó que las decisiones las tomara un técnico. No obstante, el pleno aprobó constituir una comisión en la que debían figurar, además de Sánchez, Ramoneda y Graells, el gerente de la empresa pública Vimusa y un técnico que actuara como secretario.