Un informe impide a Fabra implantar la censura a la oposición

Un informe de la secretaría de la Diputación de Castellón desvela que en el punto de ruegos y preguntas, que se incluye en el orden del día de un pleno, "no cabe la posibilidad de establecer límites a priori". El documento va más allá y califica de "del todo inconstitucional, privar a los miembros corporativos de la opción de formular ruegos o preguntas antes de que éstas se formularan". Este dictamen echa por tierra la pretensión del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de implantar la censura en los plenos de la Diputación y restringir las cuestiones sobre las que puede preguntar la oposición.

Fabra ha intentado, un pleno tras otro, que el portavoz socialista, Francesc Colomer, no saque a relucir sus causas judiciales en el pleno de la Diputación. El socialista aprovechaba el turno de ruegos y preguntas para reprobar la situación de Carlos Fabra, imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal y para quien la fiscalía ha solicitado dos años de cárcel por una supuesta falsedad continuada. Hasta el último pleno, celebrado en julio, Fabra no sólo amenazó con echarle del pleno, sino que le retiró el turno de palabra en más de una ocasión, alegando que no eran cuestiones relativas a la diputación.

El presidente de la Diputación no quería preguntas sobre sus asuntos judiciales

El presidente de la Diputación anunció que pediría la redacción de un informe que fijara los límites. Sin embargo, el informe al que ahora ha tenido acceso la oposición fue redactado en octubre de 2008, aunque no ha sido registrado hasta septiembre de este año.

Ayer, Carlos Fabra tuvo que escuchar todos los ruegos y preguntas de Colomer y lo hizo sin apenas interrumpir. Así, aunque no obtuvo respuesta, el socialista exigió "responsabilidad pública y decencia" al PP en sus referencias a los impuestos porque "si todo el mundo funcionara como el presidente de la Diputación, tal como ha dicho la Agencia Tributaria, se desplomaría el estado del bienestar". "Ruego decencia al hablar de estos temas y más cuando la Diputación se sitúa en el lado más duro al aplicar 15 puntos más que la Diputación de Alicante en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)", señaló.

De esta manera, Francesc Colomer también acusó a Fabra de "castigar a las empresas de Castellón para sufragar asesores y el ritmo de vida" de los órganos de gobierno, después de reprocharle que el gasto corriente haya aumentado un 63% en los últimos seis años, mientras que las inversiones sólo lo han hecho un 6,7%.