Puntualizaciones

El pasado sábado, EL PAÍS publicó un artículo de opinión titulado ¿Herejes o comisarios políticos?, firmado por Clemente Polo, que ofrece una versión muy lejana a la realidad sobre la historia de UPyD. En resumen, Polo altera la realidad cuando afirma:

1. Que el Consejo Político de UPyD, al que perteneció una temporada, se renovó de modo dictatorial con la consecuencia de prescindir de su presencia.

2. Que en UPyD todas las decisiones las toman tres personas: Rosa Díez, Juan Luis Fabo y yo mismo.

3. Que el próximo Congreso del partido está trucado porque el artículo 10 del Reglamento prevé el cese de cualquier delegado impugnado.

4. Que nadie ha escuchado nunca jamás a Rosa Díez manifestarse contra la inmersión lingüística catalana, ni contra Herri Batasuna, ni contra los pactos con el PNV.

Muy al contrario:

1. El Consejo Político de UPyD se renovó después de las elecciones generales del 2008 para que fuera más representativo de la composición del partido, muy cambiada desde la fundación. El propio Consejo aprobó -consta en acta- que las Coordinadoras Territoriales nombraran a los miembros de ese órgano que les correspondieran en función aproximada del número de afiliados que tenían. Por este motivo, y no otro, Clemente Polo dejó de pertenecer al Consejo Político.

2. Lo que el artículo 10 del Reglamento del Congreso (publicado desde el 3 de abril en la web de UPyD) dice sobre la impugnación de delegados electos es esto: "Desde la publicación de la lista de delegados elegidos se abrirá un plazo de tres días en los que se podrán formular impugnaciones a la misma por parte de los afiliados incluidos en el censo del Congreso. Las impugnaciones deberán presentarse de forma argumentada y por escrito, preferentemente por correo electrónico, ante el Consejo de Dirección que resolverá en el mismo plazo. Tras lo cual se publicará la lista definitiva de delegados elegidos".

Lo anterior es lo previsto por cualquier reglamento electoral democrático de cualquier tipo, tiempo y lugar: se podrá impugnar razonadamente cualquier elección que cualquier elector considere viciada, tramposa o ilegal. Esto, para Polo, es una regla dictatorial a la búlgara. Los electores, según él, no deben tener derecho a presentar impugnaciones y lo democrático es lo contrario.