"La reparación dependerá de los procesos en curso"

Garzón explicó a preguntas del fiscal que cuando consideró que no era competente, remitió las actuaciones a los respectivos lugares donde presumiblemente se produjeron las desapariciones y detenciones ilegales. Preguntado por el estado actual de la causa, Garzón detalló que dos juzgados, los de Granada y El Escorial, habían devuelto los autos y la cuestión de competencia está pendiente de resolver por la Sala Penal del Supremo. Según Garzón, una decena de jueces los han archivado, otra decena los han asumido y están instruyendo y otros 14 ó 15 no han tomado una decisión todavía. En respuesta a otra pregunta afirmó que considera que las víctimas no han recibido ninguna reparación y que eso dependerá de los procedimientos en curso.

A preguntas de su defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, el juez explicó que casi todas las denuncias procedían de víctimas vivas del franquismo a título individual o de sus familiares en primer grado. Pero fueron luego las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica las que se personaron en la causa. El "reguero permanente de denuncias" prosiguió incluso después de declararse no competente.

Garzón explicó que consideraba que los crímenes del franquismo eran "perfectamente perseguibles", tal como ocurre en otros lugares de Europa con crímenes contra la Humanidad que se perpetraron en aquellos mismos años. De hecho, la Audiencia Nacional sigue admitiendo procesos contra criminales nazis -recientemente contra Iván el Terrible- y la fiscalía respalda la perseguibilidad de esos delitos.

También subrayó la sorpresa que se llevó porque, a diferencia de otros países afectados por guerras, en España nadie ha sido capaz de cuantificar las víctimas de la contienda. Garzón consultó al Archivo Histórico Nacional, al Archivo de la Guerra Civil, asociaciones de Memoria Histórica y a otros organismos, y nadie fue capaz de contestar a esa pregunta.

Y sobre el tan debatido tema del acta de defunción de Franco, explicó que era notorio que Franco o Mola estaban muertos, pero no tenía esa constancia de muchos otros cargos de Falange. Consideró que procesalmente era más correcto pedir todas las actas de defunción y añadió que en cualquier caso, el Código Penal exige la declaración de fallecimiento para que las víctimas puedan reclamar civilmente.