Dos empleados de una contrata defraudan 20.000 euros a las Cortes

Dos empleados de Specialist Computer Centres (SCC), una empresa contratada por las Cortes Valencianas durante la pasada legislatura para ocuparse del mantenimiento de los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles de los diputados, defraudaron supuestamente a las Cortes una cantidad en torno a 20.000 euros a través de un negocio paralelo de tráfico de teléfonos móviles que ofrecían on line a los funcionarios y otros trabajadores del parlamento autonómico.

El servicio de gestión del fraude de Telefónica alertó a las Cortes el pasado mes de junio, según confirmó un portavoz de la empresa que evitó otras precisiones.

Funcionarios del Parlamento autonómico explican que los dos empleados de la empresa externa disfrutaban de facultad de compra en nombre de las Cortes para reponer equipos obsoletos o adquirir otros materiales. Los dos trabajadores de SCC aprovecharon la abultada factura telefónica que pagan las Cortes para endosar a conceptos ajenos la compra de teléfonos móviles que vendían a terceros a precios muy competitivos. Las mismas fuentes estiman que el fraude asciende a unos 20.000 euros.

Un empleado de SCC confirmó que las Cortes eran clientes de la empresa, pero tampoco quiso aportar precisiones en torno al caso.

Una vez que Telefónica alertó a las Cortes sobre ciertas anomalías en las pautas de consumo del Parlamento autonómico, la localización de los responsables del fraude fue sencilla.

Las Cortes rescindieron el contrato de mantenimiento con SCC. Toni y Dario, los dos técnicos, fueron despedidos de la empresa y el responsable del servicio de informática del Parlamento autonómico presentó, por indicación del letrado mayor, una denuncia ante la Policía contra ambos por fraude y malversación de caudales públicos.

Fuentes parlamentarias sugieren que el fraude revela la escasa fiabilidad de los mecanismos de control interno que aplican las Cortes de forma cotidiana.

Y recuerdan que aunque la denuncia la firma el responsable del servicio informático, si el caso llegara a juicio, sería el letrado mayor, o la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, quien representaría al Parlamento autonómico. El servicio de prensa de las Cortes evitó comentar el caso.