Roca, el arte del escaqueo

Menuda crisis que tenemos encima. La situación económica es tan mal que hasta Juan Antonio Roca ha perdido su trabajo. Y eso que era funcionario. Se ha quedado sin su plaza en los Servicios Operativos de Marbella, donde ganaba 9.066 euros brutos al mes, la mitad por gratificaciones e incentivos. Igual para Roca se trataba de una minucia, sobre todo si el hombre compara la nómina que tenía con los extras que llegó a conseguir como responsable del área de Urbanismo y urdidor de la trama del caso Malaya. A pesar de todo, no deja de ser una faena. No está el patio como para perder un empleo con esa remuneración. Y encima de funcionario. De los de por vida.

A Roca le ha pasado como en su día a Al Capone, que lo que no ha conseguido todavía la justicia lo han logrado los procesos administrativos. Él no ha sido despedido porque desde su despacho montará la mayor red de corrupción municipal descubierta en España. Esos hechos están todavía por juzgar. Este funcionario ha perdido su empleo porque el día que lo detuvo la policía se le olvidó entregar en el Ayuntamiento un escrito pidiendo unos cuantos años de asuntos propios. Desde que ingresó en la cárcel, en marzo de 2006, no ha acudido ni un solo día a su despacho, lo que ha llevado al ayuntamiento marbellí a la rescisión de su contrato por "faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo".

Y es que el ex gerente de Urbanismo, durante más de mil días en prisión, no llamó ni una sola vez al ayuntamiento para decir que se encontraba indispuesto. Tampoco entregó en el área de personal ni un mísero parte médico por un catarro ni una mínima baja por depresión ni un pequeño certificado por la operación de un familiar. Nada de nada. Él se ha limitado a estar más de tres años metido en su celda sin darle un palo al agua, en la confianza de que su abogado lograse su salida de la prisión preventiva para poder reincorporarse a su trabajo en el ayuntamiento, al igual que han hecho otros imputados en la causa.

El PSOE de Marbella cree, y parece que con razón, que hubiera sido más ágil y fructífero fundamentar el despido de Roca en los dos sentencias firmes que ya acumula este personaje, una de ellas por el denominado caso Belmonsa y por la que ha sido condenado a nueve meses de prisión por dos delitos de tráfico de influencias. Aunque es cierto que el equipo de gobierno del PP ha utilizado estas sentencias para justificar la medida, al final han decidido mantener como argumento principal "la repetida e injustificada ausencia a su puesto de trabajo".

La legislación laboral impide despedir a un trabajador en prisión preventiva, ya que el contrato queda en suspenso hasta que haya sentencia firme. A ello se agarró el abogado de Roca para pedir el archivo del expediente. Y eso esgrimieron los jueces que declararon nulos los despidos que tramitó la Comisión Gestora que gobernó el ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la corporación y que afectaron en su día a otros imputados en el caso Malaya y a cargos de confianza de los mandatarios encarcelados.

Habrá que ver si el anunciado recurso de Roca contra su despido no se encuentra por el camino con un juez que sólo se fije en los titulares. La causa para justificar la rescisión del contrato es tan curiosa que, a simple vista, provoca hilaridad. De momento, nos quedamos con la única alegría de los datos del paro del pasado mes de agosto y que alcanza más de 800.000 personas sin empleo en Andalucía. Si el expediente de Roca tiene fecha del día 24 del pasado mes, se supone que entre los nuevos parados se encuentra el ex gerente de Urbanismo de Marbella. Y tal y como está la situación económica, al menos hay un desempleado menos del que preocuparse. Se supone que Roca va a seguir bastante tiempo escaqueado en la cárcel. Y las sentencias contra él, además de ser firmes, se ejecutarán.