El paro, problema de todos

Desde el punto de vista del trabajo y de la economía, el paro siempre se ha considerado un problema ético, del que son responsables todos los estamentos sociales. El esfuerzo por resolverlo supone hacer justicia al derecho de todos y cada uno de los seres humanos de perfeccionarse con su trabajo y obtener los medios de subsistencia para su familia. El parado tiene la obligación de seguir formándose en su profesión o reciclarse hacia áreas que van a disponer de más empleo. Los autónomos y los empresarios de las pymes, considerados como "la estructura económica estrella en la creación de empleo", deben perseverar en la salvación de sus empresas o "resurgir de sus cenizas", si de algo les ha servido cobrar parte de las deudas que les debían los ayuntamientos. Las cajas de ahorro y los bancos no pueden excusarse en que "no quieren volver a errar": se les achaca que tienen parte de la culpa de esta gran crisis: ofrecieron y concedieron créditos "alegremente" a gente insolvente. Ahora han de prestar el dinero que tienen o han recibido de los fondos estatales. Junto con las grandes empresas, tienen que, además de mejorar la productividad, revisar los sueldos de sus ejecutivos para hacer una distribución más justa de la riqueza que generan. Como nos referimos a un desempleo estructural, que ha emergido o se ha agudizado por la crisis, el papel del Estado está en poner todos los medios posibles para promover empleo. No son suficientes nuevos proyectos de infraestructuras y el parcheo de ayudas a los desempleados, sino que ha de ir a la raíz del problema, descubrir sus causas y luego, si es necesario, flexibilizar la legislación laboral, a la vez que aherroja el control de esas instituciones financieras que se han descubierto como máximas responsables de esta crisis..