Pekín destituye a las autoridades de Xinjiang tras el rebrote de violencia
El Gobierno castiga al secretario local del partido comunista y al jefe de policía
El nuevo estallido de desórdenes y violencia étnica que ha azotado en los últimos días la provincia de Xinjiang, en el oeste de China, ha llevado a las autoridades centrales a acometer una purga inusualmente rápida de destacados líderes de la cúpula local. Pekín destituyó ayer al secretario del Partido Comunista de Urumqi -capital de Xinjiang y epicentro de los disturbios entre chinos de etnia han y uigures- y al jefe de la policía de toda la provincia, que cuenta con unos 20 millones de habitantes.
Las destituciones, de las que no se dieron explicaciones, se hicieron públicas después de que el viernes China reconociera cinco víctimas mortales por el rebrote de la violencia entre las dos etnias, cuyos enfrentamientos a principios de julio causaron casi 200 muertos.
Los chinos de la etnia han recrudecen la protesta contra los uigures
La salida de los funcionarios fue fulminante ante los nuevos disturbios
Mientras se producían los ceses, en las calles de Urumqi las fuerzas de seguridad lograron tranquilizar la situación, a pesar de que grupos de chinos han desafiaran las prohibiciones gubernamentales y volvieran a protestar en las calles. Una presunta oleada de agresiones con jeringuillas sufrida por los han a manos de uigures en Urumqi ha sido el detonante de las protestas. Más de 500 personas han sido ingresadas en hospitales por presuntos ataques con jeringuillas, algunas de ellas con signos de pinchazos.
Ayer, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que, en número inferior al de los días anteriores, se agruparon justo enfrente de las oficinas de la municipalidad de Urumqi. Las tiendas volvieron a abrir y los medios de transporte circularon con cierta normalidad.
Varios analistas coinciden en calificar de inusual la purga llevada a cabo por Pekín. Normalmente, las autoridades centrales chinas dejan pasar cierto tiempo entre el surgimiento de los conflictos -corrupción, desórdenes, etcétera- y las medidas de castigo. El régimen chino se ha mostrado habitualmente reacio a destituir funcionarios por las presiones de la ciudadanía. La decisión tomada ayer muestra la excepcional preocupación ante los hechos de Xinjiang y el deseo de aplacar la rabia de los han, que se sienten desprotegidos y que venían exigiendo las destituciones desde hacía días. Con ese gesto, además, Pekín pretende evitar que la crisis salpique a la máxima autoridad de Xinjiang, Wang Lequan, líder del Partido Comunista de la provincia.
Wang, que lleva 15 años al frente del gobierno local, es un miembro del Politburó y un hombre muy cercano al presidente Hu Jintao. Miles de chinos han que se manifestaron en días pasados en Urumqi exigían a gritos su dimisión.
Los grandes disturbios de este verano han hecho aflorar la tremenda tensión subyacente desde hace décadas entre los han -la etnia mayoritaria en China- y los uigures, una minoría que profesa la religión musulmana y que acusa a Pekín de aplastar su cultura y de discriminar a sus miembros en favor de los han.
El Gobierno chino teme que nuevos desórdenes puedan arruinar la celebración del 60º aniversario de la fundación de la República Popular, el próximo 1 de octubre. "Los saboteadores pueden estar planeando nuevas acciones para crear una sensación de inseguridad mientras la nación prepara los festejos del aniversario", aseguraba en un editorial el periódico oficial en lengua inglesa, China's Daily.
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