Una juez de Estepona investiga a ex ediles gilistas por malversación

Los juzgados de Estepona (Málaga) volverán a registrar movimientos de ex ediles y técnicos municipales con la entrada del nuevo curso judicial. La juez Isabel Conejo, titular del juzgado número 5 de esta localidad, investiga una nueva causa contra antiguos concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) por supuestos delitos de malversación de caudales públicos relacionados con el desvío de unos 900.000 euros de sociedades municipales.

Las diligencias se abrieron a principios de verano y está previsto que en breve se produzcan las citaciones de los primeros imputados, señalan fuentes judiciales. Entre ellos se encuentran el edil de la formación posgilista Partido de Estepona (PES), José Ignacio Crespo (ya imputado por el caso Astapa, que investiga la corrupción en el Ayuntamiento esteponero), Víctor Manuel Sánchez Pinacho (concejal de Urbanismo cuando Jesús Gil Marín era alcalde de Estepona), y Antolín González Quintana, que fue concejal de Turismo en el anterior mandato con el PES. También se espera que acudan a declarar varios técnicos municipales.

Entre los primeros imputados hay antiguos concejales del GIL y técnicos

La fiscalía solicitó la apertura de diligencias antes del verano

La causa surgió por una denuncia de Fiscalía y está basada en el contenido de un informe del Tribunal de Cuentas, sobre el que ya ha habido varias sentencias del órgano fiscalizador. Los tres ex ediles -Crespo, Sánchez Pinacho y González Quintana- fueron condenados en abril de 2008 por el Tribunal de Cuentas junto con el gerente de las sociedades Antonio Fernández Quero, ya fallecido, a abonar 900.000 euros que supuestamente gastaron sin que hubiera justificación en cinco sociedades municipales creadas por el GIL entre 1995 y 1999.

"En estas nuevas diligencias se investigará si hubo una malversación de caudales públicos y se determinará la responsabilidad penal", explican fuentes cercanas al caso. "No habrá acción civil, porque ya está practicada por el Tribunal de Cuentas", añaden.

Las sociedades municipales eran uno de los instrumentos que el GIL utilizó en Marbella para manejar el dinero de las arcas sin control. Cuando los gilistas obtuvieron la alcaldía de Estepona exportaron el sistema al municipio vecino. Casi todas estas empresas están hoy en proceso de liquidación.

Hay precedentes, como el caso Saqueo, en los que se ha detallado el funcionamiento de estas redes, a las que transferían dinero del Ayuntamiento y que eran gestionadas por personas de la absoluta confianza del entonces alcalde Jesús Gil (ya fallecido). En enero la Audiencia Nacional condenó a 23 años de prisión al ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra, y el asesor fiscal Manuel Jorge Castel por desviar 22,9 millones de euros a través de sociedades entre 1991 y 1995.

El caso de Estepona ha caído en manos de una juez que conoce bien el Consistorio. Isabel Conejo, antes destinada en el juzgado número 1 del municipio, fue la primera instructora del caso Astapa. Por esta causa envió a prisión el pasado verano al entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y dos de sus antiguos socios de gobierno, los ex gilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Los tres están hoy en libertad bajo fianza de 150.000 euros.

Los tres concejales del GIL a los que hace referencia el Tribunal de Cuentas pertenecían a los consejos de administración de las sociedades municipales investigadas. El órgano fiscalizador los considera "responsables directos" del alcance contable causado a los fondos de las empresas municipales Planeamiento Estepona XXI y Servicios Estepona XXI y les condena a pagar 234.150 euros. La suma es susceptible de aumentar porque también son responsables subsidiarios del pago de otros 389.000 euros que correspondería abonar al gerente de las sociedades, ya fallecido.