Un tribunal popular juzgará el 'caso Guateque'

El caso Guateque, el mayor caso de corrupción conocido en el Ayuntamiento de Madrid relacionado con el tráfico ilegal de licencias urbanísticas, será juzgado por un tribunal popular, según explicó ayer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El juez que instruye el caso, Santiago Torres, ha decidido modificar la instrucción y acogerse a la Ley del Jurado Popular. El juez se basa en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo para instruir la causa "con la interpretación más actual" de la doctrina. El pasado 26 de junio el alto tribunal revocó una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba a un hombre de 83 años acusado de violar y asesinar a dos Guardias Civiles en Bellvitge. El Supremo consideró que el delito más importante juzgado entonces, el de asesinato, obligaba a resolver el resto de imputaciones también con jurado. Esta decisión del alto tribunal ha supuesto una novedad y ha provocado un aumento de los casos vistos por jurados populares.

En vista de esta decisión, el magistrado del caso Guateque precisa en un auto dictado el pasado 27 de agosto que todos los delitos que se investigan en la causa -infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios- están entre los delitos que puede juzgar el jurado. La excepción son los delitos de falsedad documental y el delito contra el urbanismo. Pero éstos mantienen "la unidad con los anteriores".

El juez Torres acordó mantener las diligencias de investigación previstas. Para seguir el procedimiento de la Ley del Jurado Popular el magistrado ha establecido la celebración de una audiencia donde las acusaciones, fundamentalmente la fiscalía, deberán concretar la identidad de las personas contra las que pretendan dirigir la causa y los delitos que se le imputan a cada uno de ellos.

El caso Guateque comenzó en noviembre de 2007 cuando la policía se presentó en la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales de distrito después de investigar durante más de seis meses a varios funcionarios. La operación se saldó inicialmente con 16 detenidos, pero el caso se convirtió en una avalancha de implicados. Fuentes judiciales elevan el número de imputados a "más de 120 funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid".