La enseñanza pública mantiene el pulso con Font de Mora si no cambia

El curso empieza como terminó: con todos los agentes educativos del sector público molestos por la ratificación del consejero Alejandro Font de Mora. Un responsable político que la Plataforma per l'Ensenyament Públic considera quemado y amortizado, tras un largo año de movilizaciones en los centros escolares y en las calles en contra de su gestión educativa. "La Plataforma lamenta que el presidente Camps no aprovechara la remodelación del Gobierno para destituir al consejero de Educación, tal y como reclamaba la comunidad educativa reiteradamente el curso pasado", reza el comunicado emitido ayer tras la reunión sostenida el martes en relación con el inicio del curso el día 8.

De entrada, la Plataforma ha acordado "mantener las movilizaciones este nuevo curso, mientras no haya cambios en la política educativa del Gobierno valenciano", advierte. La campaña irá precedida de un manifiesto que se enviará a todos los centros docentes y asociaciones de padres y madres para que sea leído el martes próximo, coincidiendo con la apertura oficial de curso en los colegios de Infantil y Primaria, y el día 15 en los institutos de ESO.

La plataforma exige al consejero que establezca un "diálogo real"

Esto significa que pelota está ahora está ahora en el tejado de la Administración valenciana. Francisco Camps se comprometió en junio -durante la última protesta de la Plataforma frente al Palau de la Generalitat- a intentar mediar para lograr una tregua en la batalla abierta entre el consejero Font de Mora y todos los agentes educativos, que integran la Plataforma.

Es decir, pacificar a los tres grandes sindicatos del sector público, CC OO, STEPV y UGT, a las asociaciones profesionales de directores, a la Confederación de asociaciones de padres Gonzalo Anaya y al resto de entidades culturales que integran esta plataforma.

Una vez que se ha cerrado judicialmente el capítulo estrella del curso pasado -con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de julio, que enterró para siempre la obstinación por traducir las clases de Educación para la Ciudadanía-, los agentes educativos esperan un gesto político de normalidad democrática. Un giro en su gestión que devuelva el "consenso" y el "diálogo" que deben primar en la gestión del sistema educativo.

Eso pasaría por recoger el guante de los 13 puntos del Manifiesto por la enseñanza pública -que estuvieron a punto de firmarse- y se quedaron en el aire por el empeño de Camps y su consejero de mantener las clases de inglés en Ciudadanía, a sabiendas de que estaba pendiente de resolución judicial.

Tras haber sacado pecho y desplazado de sus destinos fijos a los profesores de Filosofía y Geografía e Historia (que se negaron a traducir las clases de Ciudadanía), haber despedido a los 40 interinos que se prestaron a darlas en inglés -llamados "héroes" en su día por Font de Mora- y tener que soportar aún una batería de recursos contra los decretos de Bachillerato o el nombramiento de inspectores a dedo; a Font de Mora sólo le queda una carta por quemar. Y eso pasa por sentarse y abrir un "diálogo real".