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La financiación de la Universidad sólo espera el visto bueno de Camps

El plan pondría fin a seis años de inestabilidad económica en los campus

Ignacio Zafra

La nueva financiación de la Universidad pública está terminada, después de un año y medio de negociaciones, y su aplicación espera únicamente la aprobación política del Consell. El modelo económico ha sido diseñado por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), empresa participada por la Generalitat, e introduce cambios respecto al plan anterior, fundamentalmente aumentando el peso de los objetivos: cuanto mejores resultados logre un campus, más dinero recibirá. El principio, que ya funciona en cierto grado en el apartado de la docencia, será ampliado al de la investigación.

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, aseguró ayer que será presentado en un "futuro inmediato". El rector de la Miguel Hernández de Elche y presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas, Jesús Rodríguez Marín, fijó como línea roja el mes de noviembre, lo que dejaría margen a los centros para aprobar los presupuestos de 2010.

Cuanto mejores resultados logre un campus, más dinero recibirá
"Esperamos que sea un avance, aunque a veces los avances no son cuantitativos"

Si el nuevo Plan Plurianual de Financiación (PPF) consigue finalmente el visto bueno político, se pondrá fin a seis años de inestabilidad económica durante los cuales las cajas de las universidades han vivido en el filo de la navaja.

Un desorden que casa mal con las conclusiones de otro documento del IVIE, avanzadas ayer, que indican, entre otras cosas, que por cada euro gastado en la Universidad, los titulados devuelven a las arcas públicas 1,35 euros vía impuestos, gracias a su mayor nivel de renta y menor tasa de desempleo.

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El informe sobre el impacto socioeconómico de las universidades públicas valencianas se dará a conocer el 24 de septiembre. Ayer los cinco rectores se lo presentaron al presidente del Consell, Francisco Camps, con quien estuvieron reunidos dos horas para hablar de financiación. Rodríguez Marín dijo ayer que solicitaron la cita en julio.

Al término de la entrevista comparecieron en el patio gótico de la Generalitat Font de Mora, y los rectores Francisco Tomás (Universitat de València), Juan Juliá (Politécnica), Ignacio Jiménez Raneda (Alicante), Francisco Toledo (Jaume I de Castellón) y Rodríguez Marín, que actuó como portavoz. El consejero de Educación, que hace menos de un año protagonizó un intento de recortar seriamente el presupuesto de los campus -tentativa rectificada en el último momento por la Consejería de Economía y Hacienda- aseguró ayer que el estudio del IVIE ponía de manifiesto "de una manera objetiva que las universidades públicas son un factor de crecimiento importantísimo en el contexto de la Comunidad Valenciana".

A Rodríguez Marín se le preguntó si el nuevo plan de financiación supondrá una mejora respecto al anterior, que funcionó como tal entre 1999 y 2003 y se ha mantenido en pie desde entonces a través de sucesivas prórrogas. El rector de Elche dudó unos segundos, miró hacia atrás, donde permanecían de pie sus cuatro colegas, y respondió: "Esperamos que sea un avance. Aunque a veces los avances no son cuantitativos, sino cualitativos". Las universidades creen, y ése es uno de los flecos políticos que le quedan al plan, que debería durar al menos un lustro.

Desde hace varios años las universidades aguantan la última parte del ejercicio con el agua al cuello porque la Generalitat, agotados los fondos presupuestados para las universidades -que son inferiores a los que figuran en la prórroga del plan de financiación-, deja de abonar las mensualidades con las que los campus pagan a su vez las nóminas, las facturas básicas y a los proveedores.

¿Volverá a suceder este año? "No sé si tenemos la convicción" de que no ocurrirá, respondió el rector de la Miguel Hernández, "pero queremos tenerla".

587.000 titulados

En los últimos 20 años se ha producido una revolución universitaria. En 1991 205.000 valencianos habían terminado una carrera. Hoy son 587.000, lo que supone que su número se ha multiplicado por 2,8. Los campus públicos forman a 91 de cada 100 (la estadística dice que son 91,6). Y cada año salen de sus facultades 18.000.

Frente a quienes consideran al sistema público de formación superior un peso muerto con el que carga la sociedad, el estudio del IVIE, realizado por encargo de las universidades, concluye que éstas contribuyen de forma decisiva al crecimiento económico del territorio. Representan el 42% del capital tecnológico valenciano. Incrementan en 1,34 puntos la actividad económica. Reportan a sus titulados alrededor de 8.000 millones de euros a lo largo de su vida laboral, tomando como referencia el último curso. Aplacan la tasa de paro (sin ellas crecería un 0,35%). Y sus titulados, que gozan de mayores salarios y tasas de empleabilidad, aportan 967 millones de euros anuales a las arcas públicas a través de la recaudación del IRPF y el IVA. Ello supone que por cada euro invertido en la Universidad sus licenciados devuelven vía impuestos 1,35 euros.

El estudio fue encargado por la Universitat de València y ampliado después al resto de centros públicos.

Seis años en la cuerda floja

- El Gobierno de Joan Lerma creó el primer Plan Plurianual de Financiación, que arrancó en 1995. Fue el primer modelo de España que permitía a las universidades conocer con cuánto dinero contarían a medio plazo, y de ese modo programar sus inversiones.

- En 1999, con Eduardo Zaplana al frente del Consell, se acordó el segundo plan plurianual, que duró hasta diciembre de 2003.

- En 2004, con Francisco Camps como presidente de la Generalitat, se vivió el primer ejercicio sin modelo. El plan había expirado en diciembre de 2003 y se inauguró una sucesión de seis años de prórroga del modelo agotado. Significó negociaciones frenéticas cada final de año y la pérdida de la capacidad de trazar estrategias a largo plazo.

- Año y medio de negociación se han traducido en un completo plan de financiación elaborado por el IVIE al que sólo le falta la aprobación política.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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