Las 'teles', retiro para políticos

El Consejo de Administración de la televisión IB3, de las Islas Baleares, está compuesto por 17 consejeros elegidos por el Parlamento regional "entre personas de acreditado prestigio profesional", según dice la ley. Sirva de ejemplo la consejera María Francisca Mataró Mulet, ama de casa, de familia rica de propietarios de Llucmajor, sin formación especial en el ramo y de cuya experiencia profesional sólo se conoce que actuaba en un grupo musical folklórico, tocando la guitarra.

La consejera es más conocida como esposa del alcalde del PP de Llucmajor, Lluc Tomás. Los ingresos familiares debieron de reducirse considerablemente cuando Tomás tuvo que dimitir en noviembre de 2008 tras ser condenado a tres años de prisión e inhabilitación absoluta para un periodo de ocho años por un delito de malversación de caudales públicos. Afortunadamente para él, poco después su esposa fue elegida a propuesta del PP para el Consejo de Administración de IB3.

Los políticos gallegos nombraron a militantes y luego pidieron neutralidad

Las condiciones para formar parte de un consejo de administración de una televisión autonómica prácticamente están copiadas de una ley a otra. Todas las normas autonómicas de creación de televisiones exigen que el consejo esté formado por personas de prestigio, con relevantes méritos profesionales. Lo dicen con esas palabras o parecidas. En realidad, un análisis detallado de la mayoría de estos consejos revela que el mejor mérito profesional que se puede tener es la vinculación a un partido y los servicios prestados al mismo. Los profesionales de prestigio, como pide la ley, son la excepción.

El último ejemplo lo dieron los partidos gallegos tras las elecciones que cambiaron el Gobierno. El 9 de junio eligieron un nuevo consejo de la TVG en el que estarán, por parte del PP, el alcalde de Verín o el ex presidente provincial del PP de Lugo, José Luis Iravedra. El BNG no vio la necesidad de disimular lo más mínimo y propuso a dos cargos orgánicos del partido: su secretario de Organización y su secretario de Política Municipal. Por último, el PSdeG propuso a un sindicalista de UGT. El asunto habría tenido menos trascendencia mediática si no fuera porque todos ellos se aseguran unos ingresos mensuales de unos 6.000 euros. Iravedra, por ejemplo, ha cobrado 553.020 euros en los últimos cinco años por su actividad como consejero.

En la vecina Asturias, el PSOE tiene entre sus consejeros de la televisión autonómica a cuatro ex alcaldes, ex concejales o ex consejeros del Gobierno autónomo. Otros tres son profesionales de distintos ámbitos. El PP asturiano colocó a seis barones locales del Principado. Era una necesidad orgánica, después de que en las elecciones municipales de 2007 perdiera varias alcaldías. De sus siete consejeros, seis son ex cargos. Izquierda Unida siempre ha nombrado a personas que, aunque cercanas a sus posiciones, procedían del ámbito de la cultura o la universidad. En la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, de los nueve miembros del consejo, siete son o han sido alcaldes o concejales.

En el Consejo de Administración de Telemadrid, el PSOE tiene a dos ex diputados mientras el PP tiene a la ex ministra Isabel Tocino. Bien es cierto que en la televisión madrileña, aparte de los cargos citados, hay una amplia representación de profesionales del mundo de la comunicación y la imagen. Sin embargo, los periodistas también pueden ser de partido. Es común encontrarse a ex jefes de prensa de los partidos, como sucede en Madrid, Comunidad Valenciana (en estos casos, Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana respectivamente colocaron directamente a sus jefes de prensa como directores de la televisión autonómica, sin duda para garantizar su neutralidad).

Caso aparte es Cataluña, donde forman parte del consejo ex jefes de prensa o secretarios de comunicación vinculados al PSC, a ERC, a ICV y a CiU. El PP no tiene a ningún jefe de prensa. Prefirió colocar a su secretario de Movilización, Armad Querol.

En la Radiotelevisión Valenciana, el PP nombró para el consejo un concejal del Ayuntamiento de Valencia o a un ex concejal del PP de Elche. También a una periodista, por cierto, esposa del ex vicepresidente Víctor Campos. El PSOE, por su parte, también nombró a dos ex concejales, a un ex asesor del partido y a otra periodista, ésta última esposa del dirigente socialista de Alicante Ángel Franco. Esquerra Unida colocó directamente a su último candidato a la alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchís, que no sacó el acta de concejal.

Un consejero socialista de una televisión que prácticamente no tiene independientes reconoce, sin dar su nombre, que el excesivo perfil político del consejo hace que muchas veces no haya la debida profesionalidad en los debates. En teoría, todos deben defender la empresa. Pero "lamentablemente, se tiende a politizar mucho", admite. "Se tiende a discutir cuestiones políticas cuando el debate debería ser técnico. A veces en el consejo se reproducen los debates de la comisión parlamentaria".

Los partidos, sorprendentemente, no eluden las críticas y son perfectamente conscientes de que la situación no es ideal. Pero puede la inercia. Durante la sesión del Parlamento de Galicia en la que se nombraban los nuevos consejeros de la TVG, los partidos gallegos pedían "neutralidad" al nuevo consejo mientras sentaban en él a sus militantes. En Cataluña, el propio Consejo del Audiovisual acusó a los partidos en enero de 2008 de haber "pactado" los cargos de forma "partidista". El consejo "no se adecua ni al espíritu de la ley ni a los criterios de independencia que promueve", dijo el CAC.

Los consejeros catalanes tienen rango de altos cargos de la Generalitat y son de los mejor pagados de España, en competencia con los de Galicia y los de Andalucía. El presidente cobra unos 128.000 euros brutos al año y los consejeros, unos 115.000. Se sabe porque una fuente oficial apunta que cobran lo mismo que los miembros del CAC, no porque la Generalitat haya facilitado los datos. En cualquier caso, cobran más que el presidente del Gobierno y se pueden dedicar a ello en exclusiva. Mientras, en Asturias, Baleares, Extremadura o Madrid sólo se cobran dietas por reuniones, con unas diferencias hasta de 500 euros de una a otra.

Con información de Andreu Manresa, Soledad Alcaide, Javier Cuartas, Cristina Vázquez, Clara Blanchar, Lourdes Lucio, Pablo López, Isabel C. Martínez, Juan Manuel Pardellas, Tono Calleja y Pablo X. de Sandoval.