"Nuestra justicia es del siglo XIX"

¿El detonante? La petición del Gobierno de una sanción dura para el juez Tirado.Cuando Nuria Orellana se prestó a coordinar la última reunión anual de decanos en Cádiz no sospechaba que sería tan decisiva para la justicia española. "Yo soy muy valiente", bromea, "así que cuando propusieron la ciudad de Cádiz como sede de la reunión, yo acepté enseguida".

Convocados del 5 al 8 de octubre del pasado año, los jueces decanos conocieron en Cádiz las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a favor de una dura sanción contra el juez Rafael Tirado, quien no ejecutó la orden de prisión contra el presunto asesino de la niña Mari Luz. Fue el detonante del Movimiento 8 de Octubre, que puso en pie de guerra a los jueces y culminó, en febrero, con la primera huelga de la judicatura del país.

Orellana cree que su juzgado realiza el doble de trabajo de lo razonable

Fiel a las directrices de la asociación a la que pertenece, Orellana no secundó esa huelga. Su protesta consistió en un paro de una hora y la lectura de un manifiesto. "Luego me quedé hasta más tarde trabajando", asegura.

Las cosas han cambiado en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a cuya junta directiva pertenece. La APM (1.200 asociados) es la más numerosa de un colectivo de 4.543 jueces y magistrados. Se desmarcó del paro de febrero, pero ahora ha llamado a la huelga para el 8 de octubre y esta magistrada lo tiene claro: "La secundaré si no hay antes avances sustanciales".

Nuria Orellana recibe a EL PAÍS en el Palacio de Justicia de Cádiz. En el segundo piso está su juzgado de lo mercantil, el primero instalado en la provincia. Ocupa las antiguas dependencias de lo que era la casa del presidente de la Audiencia. La crisis económica ha multiplicado los casos que tramitan sus ocho funcionarios. En estos momentos, se ven aquí 60 concursos de acreedores y a veces la sala de vistas se queda pequeña. "Hay casos con 2.000 o 3.000 acreedores y no caben", explica Orellana.

Ella calcula que su juzgado soporta una carga de trabajo que duplica la que sería razonable. Tiene más de 500 casos registrados. La complejidad de los asuntos, como el de Delphi, es moneda corriente. Le pesa especialmente el drama del paro, la rescisión de contratos cuando una empresa entra en concurso de acreedores (antes quiebra) y confiesa que uno de los casos más dramáticos que instruyó le hizo perder unos cuantos kilos.

Las dependencias de su juzgado están repletas de papeles y junto a la mesa de su despacho reposa un carrito con ruedas. Porteadora de expedientes, como muchos magistrados, acarrea papeles diariamente a casa para dictar las sentencias o resoluciones por las tardes.

Los jueces han conseguido que el ascenso no conlleve el traslado forzoso. Nuria Orellana cree que es una conquista en el terreno de la conciliación de la vida personal y profesional. Considera un avance que el Ministerio de Justicia esté acometiendo un ambicioso plan de mejora en nuevas tecnologías que permita a los juzgados de toda España estar interconectados. Pero la APM insiste en que deben ser los jueces los que fijen la agenda (el Gobierno quiere que lo hagan los secretarios judiciales) y quiere ver en septiembre la partida económica correspondiente a la mejora de la justicia, entre otras cosas. A día de hoy, dice Orellana, "la justicia española sigue siendo una justicia del siglo XIX".

Nuria Orellana nació en Jerez de la Frontera hace 41 años. La quiebra de Puerto Sherry tuvo la culpa de que se convirtiera en septiembre de 2004 en la primera juez de lo mercantil de la provincia de Cádiz. "Aquello me enganchó". Se especializó y ganó la oposición para ser juez de lo mercantil y gestionar la nueva ley concursal. Reto fácil para una mujer que cosechó en la carrera 13 matrículas de honor.

Su señoría cree que la falta de costumbre en la judicatura de dar explicaciones públicas ha generado una "imagen errónea" y arrogante de los jueces. "La huelga ha sido un hito histórico y ahora se nos pone cara".

Notó ya en marzo de 2007 la multiplicación de asuntos mercantiles, propios de la crisis que se avecinaba. Sin ánimo de amargar el veraneo, asegura que aún no ha empezado a notar en su juzgado el final de la debacle.