El juez imputa a los propietarios de los bares que exhiben fotos de etarras

El juez de guardia de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, contribuyó ayer a estrechar el cerco judicial sobre el entorno etarra: ordenó que comparezcan como imputados en un delito de enaltecimiento del terrorismo los dueños de los bares Zugai y Ezpala, de Pamplona, por exhibir en sus establecimientos fotografías de etarras. El magistrado acordó igualmente que las encargadas de ambos locales, Izaskun Goñi y Ainhoa Oroz, comparezcan como presuntas autoras de un delito de desobediencia grave a la autoridad, porque se negaron a retirar los carteles (aunque en uno de los bares, el Ezpala, las fotografías ya habían desaparecido ayer de las paredes).

El juez aceptó ayer la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra ambos establecimientos, en la que por primera vez se propone el cierre de los locales con carácter inmediato tras negarse sus encargadas a retirar fotos de etarras a requerimiento de la Guardia Civil.

El fiscal jefe antiterrorista, Javier Zaragoza, dio una vuelta más de tuerca al catálogo de medidas dirigidas a erradicar la iconografía etarra y reclamó por primera vez la aplicación del artículo 129 del Código Penal a los propietarios de los locales por exhibir fotografías de etarras.

La clausura de un local con carácter temporal, previa audiencia del fiscal y del dueño, puede acordarse por el juez por un periodo de hasta cinco años, según los términos del citado artículo del Código Penal. También puede llegar a acordarse el cierre de manera definitiva.

El juez ha fijado para el próximo martes las comparecencias de propietarios y encargadas y, tras su interrogatorio, previsiblemente se celebrará la denominada vistilla, en la que se decidirán las medias cautelares. Entre ellas, el magistrado resolverá sobre el cierre de ambos establecimientos para evitar la continuidad delictiva, tal y como ha propuesto la fiscalía.

Desde que el pasado marzo el fiscal jefe Javier Zaragoza ordenó la retirada de fotografías de etarras en el conocido como muro de la vergüenza de Mondragón, la Ertzaintza ha realizado más de 200 intervenciones en el País Vasco, y los distintos cuerpos policiales han efectuado una veintena de ellas en Navarra para retirar de las calles carteles, pancartas, fotos y simbología etarra.

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, valoró la iniciativa de la fiscalía como "una nueva muestra del Estado de Derecho en defensa de la libertad". "No debe haber en nuestra ciudad espacios donde se esté enalteciendo a los terroristas o a aquellos que les apoyan, porque en un estado de libertad no cabe la convivencia de alguien que apoya el terrorismo", manifestó Barcina.

En cambio, la autodenominada izquierda abertzale -el entorno de la ilegal Batasuna- calificó la medida de la Fiscalía como "una nueva caza de brujas". En una nota, advirtió de "la vuelta de tuerca" que supone la petición de cierre cautelar que "pretende abrir nuevos horizontes represivos". El comunicado concluye haciendo un llamamiento a "no desistir ante el nuevo acoso político-judicial" y mantener las "muestras de cariño" hacia el colectivo de presos etarras.