Una juez exige fianzas de 828.000 euros a los dueños del grupo Mirador

En los últimos dos años, los juzgados de Málaga han recibido un goteo de denuncias de clientes del grupo inmobiliario Mirador que se sentían estafados porque no se habían construido las viviendas que compraron y por las que pagaron como anticipo distintas cantidades de dinero, normalmente, no menos de 30.000 euros. Aunque inicialmente las denuncias no prosperaron, a medida que ha aumentado la nómina de afectados personados se ha estrechado el cerco judicial contra los responsables de la compañía. La juez que instruye dos casos distintos de presunta estafa y apropiación indebida ha exigido sendas fianzas que suman 828.653 euros al presidente y apoderado del grupo, los hermanos Enrique y Leopoldo Faura, para hacer frente a la responsabilidad civil.

En una de las diligencias, la juez Carmen Pilar Caracuel decretó meses atrás una fianza de 500.000 euros que fue recurrida por los hermanos Faura. El pasado 1 de julio, la juez desestimó el recurso y concedió un plazo de cinco días a los imputados para que depositaran la fianza, de la que en este caso es también corresponsable Jesús Gotardo Sánchez, un agente que comercializó inmuebles de una promoción en Benalmádena.

En el auto desestimatorio, la juez razona su decisión "a la vista de la documental obrante en autos, así como en el hecho de la entrega de importantes cantidades de dinerarias por los denunciantes, que son muy numerosos, a los imputados". Tal consideración evidencia el giro producido en el tratamiento judicial de estos asuntos. La juez Carmen Pilar Caracuel archivó el caso en abril de 2008 alegando que no se apreciaba concurrencia de engaño inicial por parte de los imputados y que se trataba de un incumplimiento de contratos que debía dirimirse en la vía de lo Civil. La Audiencia Provincial de Málaga ordenó reabrir el caso en noviembre pasado al entender que no se podía rechazar a priori la tipicidad penal de los hechos y para no causar indefensión a los afectados, una veintena de compradores de viviendas.

La juez ha dispuesto además el embargo de 26 propiedades de Mirador en promociones en Villanueva del Rosario, Fuente de Piedra, Benalmádena y Vélez Málaga y de cuentas bancarias en siete entidades, cuyos trámites ya se han iniciado, según han informado fuentes judiciales.

En una segunda causa que instruye la misma juez, se ha fijado otra fianza de 328.653 euros para Enrique y Leopoldo Faura, en resolución dictada el 9 de julio. La instructora considera la procedencia de la medida "a la vista de la naturaleza del delito investigado [estafa y apropiación indebida], la existencia de numerosos perjudicados que han entregado importantes cantidades dinerarias destinadas a la compra de viviendas que no han sido construidas pese al periodo transcurrido [algunas entregas de dinero se remontan al año 2004]".

El pasado miércoles, Enrique y Leopoldo Faura prestaron declaración como imputados por un tercer caso de presunta estafa en la promoción Mirador de La Fortaleza, en Vélez Málaga, donde vendieron más de 90 viviendas y cobraron anticipos pese a no haber dispuesto nunca de licencia municipal de obras. Mirador no tiene ya ni la propiedad del suelo, que se lo ha quedado el Banco Guipuzcoano para saldar una deuda.

Otro juzgado investiga un presunto delito de simulación de contrato hipotecario entre el grupo Mirador y Promociones Pantie sobre los terrenos de Cortijo Jurado, donde la promotora proyectaba un complejo hotelero a partir de la rehabilitación de un caserón palaciego del siglo XVIII. Promociones Pantie es propiedad de la esposa de un juez de lo mercantil de Málaga, Juan de Dios Anguita, que acaba de ser suspendido durante 12 años por el Consejo General del Poder Judicial por mantener negocios inmobiliarios incompatibles con su función.