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La encrucijada foral más compleja

En el ecuador de la legislatura, las diputaciones, que iban a ser el ariete del PNV contra el Gobierno, se ven abocadas a pactos amplios para tener presupuestos

Cuando acaban de doblar el ecuador de la presente legislatura, las tres diputaciones se enfrentan de cara al otoño y con la perspectiva ya puesta en lo que resta de mandato hasta 2011 a una situación inédita en 15 años: la crisis ha desplomado la recaudación de impuestos hasta un 22% en el primer semestre, lo que complica sobremanera mantener la inversión y el gasto social. Los tres diputados generales se niegan a hablar de recortes presupuestarios para 2010. "Nos endeudaremos", recalca José Luis Bilbao, la primera autoridad vizcaína. Guipúzcoa y Álava también tienen clara su disposición a recurrir a ese instrumento.

Al problema económico las diputaciones, en la primera legislatura en una década en que las tres se hallan en manos del PNV, suman una complicación política: en la silla de enfrente, la del Gobierno vasco, se sientan por vez primera los socialistas. La reunión del próximo octubre del Consejo Vasco de Finanzas (donde las instituciones forales y el Ejecutivo fijan el reparto de la recaudación fiscal) se presenta así como la más complicada de los últimos tiempos. Ambas partes contarán entonces con datos más avanzados para elaborar sus respectivos presupuestos para 2010, el instrumento clave con que abordar la reactivación de la economía. Con ese panorama y la necesidad de buscar acuerdos para sacar adelante los presupuestos en las Juntas (los peneuvistas se hallan en minoría en las tres), queda poco margen para que las instituciones forales se conviertan en el ariete de la oposición contra el Gobierno como se planteó el PNV.

Ninguna diputación quiere hablar de recortes pese a caer la recaudación
El próximo Consejo Vasco de Finanzas es el más complicado de los últimos años
Guipúzcoa se plantea emitir bonos de deuda para no reducir sus cuentas

En Vizcaya, la Diputación ha llegado a presentar hasta tres planes contra la crisis en un año: el acuerdo interinstitucional con el Gobierno de Ibarretxe y las otras dos diputaciones, puesto de largo por todo lo alto en junio de 2008; un paquete de medidas fiscales aprobado en octubre que supone una merma en la recaudación de 147 millones de euros y un plan dotado con otros 20 millones para innovación y ayudas al empleo.

La mayor de las tres diputaciones ha adoptado como estrategia central frente a la crisis y el aumento del paro la promoción de la obra pública. En esta legislatura ha iniciado las obras de la carretera vasca más cara de la historia (la Supersur, con 1.200 millones en sus tres fases) y el pasado año anunció la construcción de cuatro vías rápidas para unir las comarcas periféricas a la A-8 que costarán 745 millones. Ahora, a falta de concretar el anunciado Guggenheim en Urdaibai, el proyecto estrella es el nuevo campo de San Mamés, de 170 millones.

La oposición no ve más que propaganda. "No se está gobernando. Se administra. De las cuatro vías rápidas aún no se sabe nada. Tenemos consensuado desde abril el nuevo Plan de Infraestructuras y no se ha avanzado nada", se queja Carlos Olazabal, portavoz foral del PP.

Dicho plan detalla inversiones por 3.750 millones hasta 2016. Consensuado en junio por PNV, PSE y PP, aún no se ha trasladado a las Juntas. No es la única iniciativa de calado con demoras: uno de los proyectos estrella que presentó Bilbao al inicio de la legislatura, el plan foral de vivienda, sólo sumaba hasta junio 255 de los 3.000 pisos previstos. Peor está la fábrica de pisos de Afer, apadrinada por la Diputación al fin del anterior mandato y fracasada tras el enfrentamiento frontal con el empresario Jabyer Fernández, que ha colocado a Bilbao en la situación de mayor crisis en sus seis años al frente de la Diputación.

"Ha fracasado en los tres o cuatro grandes proyectos que tenía. Hay cierta apatía en la acción de gobierno y demasiada inactividad", opina el socialista Josu Montalbán. "El ejemplo claro es el plan foral de viviendas, que se hizo sin vocación de plan: la Diputación no ha comprado un solo terreno". Olazabal coincide -"estos diputados llevan mucho y no tienen ya empuje, pues saben que se van en dos años"- y cuestiona la legalidad de un nuevo endeudamiento, "cuando no van a poder cuadrar el presupuesto de este año. Sólo tienen la opción de recortar gasto o inversión". Montalbán ve ineludible alcanzar un pacto presupuestario "casi por unanimidad, pues sabemos que es una situación extraodinaria", preservando el gasto social y abriendo una reflexión sobre "si resulta prioritario" el nuevo San Mamés.

Olazabal cree difícil que el PNV vuelva a apoyarse sólo en los socialistas para aprobar los presupuestos como en los últimos dos años y apuesta por trasladar a las diputaciones el acuerdo que se pueda lograr en el Gobierno vasco, "que debe pasar por un presupuesto apoyado por el PP y con el que se sienta a gusto el PNV".

La Diputación de Guipúzcoa también ha tenido que ir cambiando el guión sobre la marcha. El diputado general, Markel Olano, se marcó como objetivo inicial acabar con la arraigada idea de que "un cierto atasco" impide avanzar a la provincia. En contraste con sus antecesores, buscó un consenso para reencauzar la deteriorada relación con el Ayuntamiento donostiarra y se implicó a fondo en la creación del lobby Gipuzkoa Aurrera para hacer avanzar los proyectos estratégicos y pensar el futuro del territorio.

Con ello, la institución foral ha intentado encontrar una solución a la falta de mayorías sólidas, la fragmentación política y la oposición de los movimientos sociales que ha ido retrasando infraestructuras vitales para la provincia, como el Puerto Pasajes, el porvenir del aeropuerto de Hondarribia, finalmente desbloqueado, o el retraso de las obras de la Y. Aunque, en lo que va de legislatura, si hubiese que destacar una discordia es la que enfrentó a Olano con su socio de gobierno (EA, reconvertida ahora en Alkarbide tras su escisión) a cuenta del Impuesto de Sociedades, que tardó casi dos años en resolverse. Para septiembre, el diputado de Hacienda, Pello González, de Alkarbide, quiere reabrir el debate sobre la fiscalidad, pese al rechazo inicial del PNV, para eliminar la ayuda de los 400 euros en la declaración del IRPF y subir del 45% al 46% la retención a las rentas más altas

Olano, un hombre de partido sin experiencia como gestor que participó en la comisión del Pacto de Lizarra, ha sorprendido a todos con un talante que pocos esperaban de un delfín de Joseba Egibar, aunque no muestra sus verdaderas cartas, según el portavoz socialista en las Juntas Generales, Julio Astudillo: "Es el más soberanista de los tres diputados generales".

La oposición critica que Olano se ha ceñido excesivamente a esa búsqueda de consenso sobre el futuro de Guipúzcoa y no lo ha adaptado del todo a la crisis económica. "Hace falta una reacción más energica. La actitud ha sido pasiva, e incluso ellos mismos han reconocido que están trabajando más para después de la crisis", añade Astudillo, quien echa en falta medidas contra el paro.

Con una caída del 22% en la recaudación hasta julio y la previsión de que las arcas forales terminen el año con entre un 17% y 20% menos de dinero que en 2008, la negociación de los próximos presupuestos va a resultar crucial. Guipúzcoa nunca ha presentado unas cuentas regresivas desde 1982. De momento, sólo está claro que se mantendrá el gasto social y en infraestructuras y se recortará el gasto corriente. Todas las demás puertas están abiertas, según explica el director foral de Presupuestos, Martin Beramendi: "Estamos preparando varios escenarios", incluyendo endeudarse tanto de forma tradicional como emitiendo sus propios bonos. Para principios de septiembre, la Diputación quisiera disponer de un borrador de cuentas sobre el que negociar un acuerdo presupuestario lo más amplio posible en las Juntas. El PSE muestra su voluntad para ello. "Iremos con la mano tendida, pero queremos que vayan con margen de maniobra a la negociación", resalta Astudillo.

En Álava, el peneuvista Xabier Agirre sobrevive en la cuerda floja tras el acuerdo para el Gobierno vasco entre PSE y PP. Sin embargo, la posible moción de censura que le desalojaría no es el único problema al que se enfrenta el tripartito nacionalista foral. La bajada en la recaudación de impuestos en un 20% (145,6 millones hasta julio) está causando múltiples problemas de ejecución en los presupuestos -aprobados con el concurso del PSE tanto para las cuentas de 2008 como para las actuales-, que se han solucionado recurriendo al endeudamiento, que ha crecido un 67%.

Las principales inversiones están ligadas a infraestructuras: el peaje social para la Eibar-Vitoria, con descuentos de hasta un 40% (al igual que en la A-68), junto a partidas plurianules para obras en Vitoria, como el futuro Auditorio (200.000 euros), el Palacio de Deportes (1,1 millones), y para la estación intermodal, la segunda fase del tranvía y el soterramiento del tren (3,7 millones).

El PP, que no deja de presionar al PSE para descabalgar a Agirre, considera que con tasas del paro del 10% resulta inadmisible que el gasto corriente haya crecido un 17%. Ese juego a tres bandas entre peneuvistas, socialistas y populares hace que en esta provincia sea donde más compleja se presenta la negociación de las próximas cuentas.

Esta información ha sido elaborada con datos de Alberto Uriona, Karim Asry y Pedro Gorospe.

De derecha a izquierda, Bilbao, Olano y Agirre, a su llegada a una reunión del Consejo Vasco de Finanzas.
De derecha a izquierda, Bilbao, Olano y Agirre, a su llegada a una reunión del Consejo Vasco de Finanzas.P. J. P.

Promesas cumplidas y pendientes

- En Vizcaya, el diputado general, José Luis Bilbao, considera que ha cumplido "razonablemente bien" sus promesas, aunque la oposición le reprocha el retraso en el plan foral de viviendas (se han terminado sólo 255 de las 3.000 previstas) o que no se haya impulsado el nuevo plan de carreteras que quedó consensuado en abril.

- En Guipúzcoa, se siguen arrastrando proyectos pendientes de la anterior legislatura, como la ampliación del Puerto de Pasajes, el futuro del aeropuerto de Hondarribia, finalmente desbloqueado tras la llegada del PSE al Gobierno vasco, o el enfrentamiento sobre la incineradora de basuras, que ha tenido que cambiar su ubicación varias veces.

- En Álava, el Gobierno foral estima que ya ha cumplido el 75% de los compromisos que adquirió en su investidura, como las 44 medidas contra la crisis económica que puso en marcha en 2008, unas inversiones para el quinquenio 2008-2012 cifradas en 959 millones de euros; la adaptación de la ley de Dependencia, con más de 5.000 expedientes que han supuesto unas aportaciones de 120 millones de euros, o la conclusión de las obras de la N-I y la Eibar-Vitoria

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