Fusiones de discordia

Las fusiones de cajas de ahorros, uno de los pilares de la reestructuración financiera que impulsan el Gobierno y el Banco de España, parecían discurrir sin conflictos aparentes después de que el Gobierno anunciara la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con dinero y avales públicos. Unicaja, Cajasur y Caja Jaén están dispuestas a crear una gran caja andaluza, las de Sabadell, Terrassa y Manlleu quieren unir sus balances en Cataluña, igual que las de Caja España y Caja Duero en Castilla y León. Pero ha bastado que se sugiera una fusión interterritorial, como la de Caja Madrid con Caixa Galicia y la CAM valenciana, para desatar una tormenta. El Gobierno gallego ha rechazado la fusión y se avanza la hipótesis de que Galicia y Cataluña denunciarán al FROB ante el Tribunal Constitucional porque estipula que el Banco de España tiene la última palabra en la fusión de cajas que hayan recibido dinero público para evitar la liquidación y, en ese caso, la autonomía perdería el derecho de veto en las operaciones corporativas de su caja.

Hasta el momento, se han propuesto con éxito fusiones de cajas de la misma comunidad y ello se ha interpretado erróneamente como un deseo de los Gobiernos autónomos de asegurarse una banca regional para la financiación de sus proyectos. Incluso se ha llegado a decir que las autonomías pretendían resucitar, con el pretexto de la reconversión obligada por la crisis, una especie de banca pública. Lo cierto es que las fusiones intrarregionales son racionales y rentables. En primer lugar, porque Andalucía y Cataluña cuentan con un elevado número de entidades y parece prudente rebajar el minifundismo financiero. En segundo lugar, está demostrado que las uniones entre grupos financieros de la misma comunidad ofrecen mejores oportunidades de recorte de costes.

Pero, dicho lo anterior, hay que insistir en que las fusiones entre cajas de distintas comunidades serán necesarias, sobre todo, para ayudar a resolver los casos más graves de insolvencia, aumento de morosidad y deterioro de los indicadores financieros básicos. Por tanto, es imprescindible que los principales partidos políticos se pongan de acuerdo para que en las autonomías que controlan no se pongan obstáculos políticos artificiales a la consolidación bancaria. Nadie puede impedir que los Gobiernos regionales interpongan recursos, si lo desean, para defender su derecho de veto; pero deben saber que la intervención del Banco de España está avalada por la Ley de Disciplina Financiera y la excepcionalidad de una posible quiebra justifica las decisiones de emergencia.

Conviene recordar además que algunas comunidades autónomas han tenido mucho que ver con la exposición al riesgo inmobiliario de sus cajas, raíz de los males presentes, instando inversiones desaforadas en ladrillo por conveniencias políticas. La sensatez debida exige a los Gobiernos autónomos que no conviertan un caso de intervención racional rápida en un interminable contencioso político y jurídico.